El presidente Leonel Fernández Reyna habló a la nación el viernes 8 abril de  2011 y, como un padrote magnánimo, dijo que no optaría por la repostulación a la Presidencia de la República. Como si estuviera haciéndole un favor al pueblo dominicano, al cumplir con la Constitución que le prohíbe volver a postularse.

Durante largo rato manipuló citas históricas que justificaran la evidente derrota que le ha propinado el sector que el Gobierno no ha logrado sobornar con miserables propinas.

Los sectores dominantes de la sociedad tratan siempre de presentar cada acontecimiento importante como una fotografía instantánea, no como parte de una prolongada película.

En esos intentos de falsificación histórica tratan de esconder sus errores y disimular sus delitos. La realidad dominicana es diferente a la que presentó Leonel y va más allá de la foto instantánea que nos quiere presentar como la verdad.

Lo que quiso esconder su neobalaguerismo fue que había sido derrotado por la enorme masa de dominicanos que defiende la Constitución y las leyes. Esta es otra derrota propinada por un pueblo que ha decidido unirse para enfrentar la ilegalidad, la corrupción y la inmoralidad.

Al Presidente lo derrota en sus ambiciones la crisis económica que azota al país y el desbarajuste moral que evidencian sus principales funcionarios. Lo derrota su Constitución que quiso violar y no pudo. Lo derrota la marea amarilla del 4% que ha logrado concitar la masiva unión del pueblo dominicano como pocas veces se había visto en la historia nacional.

La sociedad civil ha respondido con contundencia ante tanta ilegalidad hasta hacerlo retroceder en sus intentos de manipulación de las instituciones del Estado. Todo parece indicar que cada día será mayor la cantidad de personas conscientes que se sumarán al amarillo de la legalidad, al tiempo que se descubre el descaro de la inmoralidad de los gobernantes.

Nada hay que agradecerle al presidente Fernández por haber cumplido con lo establecido en la Constitución. Juró respetarla y, a duras penas y contra su voluntad, lo ha hecho. Sólo hay que hacer un poco de memoria y recordar que desde el año antepasado, 2009, fue surgiendo un reclamo desde la sociedad civil para llevar al Gobierno a su propia legalidad.

El narcisismo presidencial, siempre sediento de adulación, despreció a los jóvenes que defendían la zona de Los Haitises con la que el Gobierno trataba de bonificar a sus aliados empresariales de la construcción. Para sorpresa de muchos, la opinión pública logró acumular fuerzas que impidieron la realización del devastador proyecto cementero.

En otros escenarios de reclamos populares, la sociedad civil fue obligando con su lucha a que el narcisismo expusiera su verdadera naturaleza depredadora.

Y así llegamos a diciembre de 2010 con el 91% de los dominicanos reclamando que se asigne al presupuesto del Ministerio de Educación el 4% del Producto Interno Bruto que establece la Ley 66-97.

En su desesperación por perpetuarse en el poder ejerciendo directamente la Presidencia de la República, ha cometido el desatino de enfrentarse a la Conferencia del episcopado católico tratando de justificar lo injustificable.

Ha osado, también, ponerle frente al sector más pujante del empresariado actual mientras une fuerzas con el grupo retrógrado que menos futuro tiene.

Al presidente Fernández no se le puede exculpar de la responsabilidad por los gastos multimillonarios en la promoción de su fracasada candidatura. Un dedo no se mueve entre tantos alcahuetes y lúmpenes sin que Leonel lo autorice. Quien firma los cheques es quien manda en ese grupo que renegó de la filosofía política y de la ideología para venderse a precio de propina. Ante tanta evidencia del rechazo a sus propósitos, logró entender que con otra repostulación podía provocar una conmoción social de gran magnitud en la que él se convertiría en víctima propiciatoria.

Pero que nadie piense que la lucha por el respeto a la legalidad y a la justicia ha terminado. El grupo momentáneamente derrotado buscará ahora por todos los medios posibles reiniciar una contraofensiva que les permita mantenerse en la administración del Estado y así preservar su impunidad por los delitos cometidos. Y seguirán comportándose como perros hueveros, aunque les quemen el hocico.