En víspera de la fecha de votación y estimulados por la tranquilidad que propicia el cese de la campaña electoral, cada uno de los dominicanos en edad de ejercer el sufragio debería aprovechar este día para poner en orden las ideas y definir con claridad lo que desea para el país.

Debe ser así porque el ejercicio del voto jamás debe ser entendido como una simple acción mecánica que se ejerce un día y que no tiene mayores consecuencias sobre la vida del país, sobre la calidad de vida de las familias e individuos, sobre la economía, la salud, la educación y todo lo demás. Votar es un ejercicio de soberanía y conciencia individual mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad y deciden quiénes deben encarnar los mandos de la nación. Que nadie, ni siquiera los que han de votar por primera vez, se llame a engaño sobre la función e importancia del voto.

Algo tan importante como los cambios en los mandos institucionales del país, se producen en virtud de ese ejercicio que garantiza la democracia. Por tanto, el ejercicio para producir esos cambios entraña un acto de conciencia que debemos valorar.

Ocasiones ha habido en nuestra vida política en que el voto se compra y se vende, se demanda y se oferta, como si se tratara de una mercancía con precio. Se ha llegado a pagar por el voto y por la abstención, según sea el efecto buscado en el momento por quienes pagan. Por suerte, hemos ido superando esas aberraciones que desvalorizan los méritos y la dignidad de seres humanos, aunque todavía aparecen quienes continúan apegados a estos procedimientos que desdicen del ejercicio de las ciencias políticas.

Nuestra suerte como país dependerá, en gran medida, de la sobriedad conque ejerzamos el deber de votar, mañana y cada vez que corresponda. A los actos de conciencia hay que «darles mente» y este sábado, víspera del gran día, es propicio para reflexionar sobre el valor y la influencia de nuestro voto.

[b]Atinada decisión[/b]

La Junta Central Electoral (JCE) ha desistido de obligar a los medios electrónicos de comunicación a formar parte de una cadena encabezada por ese tribunal, con el anticipado propósito de evitar la difusión de datos o informaciones que de alguna forma interfirieran con el proceso electoral. La decisión despeja los temores que todos albergábamos, de que se fuera a reincidir en la odiosa práctica de imponer censura previa, que entraña una grave violación al derecho a la información.

Hubiese sido un contrasentido que llegase a prosperar una conculcación de derecho como la censura previa, justo cuando el país estuviese haciendo uso del derecho al voto, una de las expresiones por excelencia de las libertades ciudadanas.

Desde luego, ningún medio está autorizado a difundir datos electorales y otras informaciones relacionadas con el proceso que no hayan sido debidamente autorizadas y suministradas por la JCE, y quienes incurran en esa falta son pasibles de sanciones. Esta restricción, sin embargo, no puede servir de argumento para, alegando una acción preventiva, justificar la imposición de censura previa a los medios de comunicación, obligándoles a permanecer en cadena o de cualquier otra manera. El desistimiento de semejante barbaridad tiene que mantenerse a toda costa.