BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Si las administraciones del Presidente Leonel Fernández conectaran más con las prioridades nacionales, sus gobiernos se hubieran empeñado en trabajar de manera persistente el tema de los ingresos de los obreros, los empleados y los trabajadores. Lo digo a propósito de la discusión sobre el aumento salarial que tiene como escenario la secretaría de Trabajo, y lo digo también por los resultaos estadísticos que sobre el particular tienen sus ejecutorias.

Solo la alta burocracia estatal se ha beneficiado, ayer y hoy, de ingresos cómodos, de ingresos que permiten a sus miembros llevar una vida muelle y sin preocupaciones futuras. Pero el resto de la población, los tres millones y pico de empleados públicos y privados, ha tenido que hacer de tripa corazón para sobrevivir, unos, y para avanzar y prosperar, otros.

Porque como sabe todo el mundo en este país, casi el 70% de la población que trabaja o tiene un empleo recibe cada mes ingresos que quedan por debajo de la línea de la pobreza. En otras palabras, los pobres dominicanos no son solo los desempleados y los analfabetos que no saben qué hacer, sino también la mayoría de la gente que tiene un trabajo y unos ingresos.

Las cifras disponibles indican que para poder adquirir, en abril del año pasado,  los bienes de consumo necesarios para que los cuatro miembros de una familia tuvieran una ingesta diaria de 2,161 calorías, standard mínimo requerido, necesitaban exactamente 12,500 pesos mensuales. Pero ocurre que el salario mínimo era y es de 6,400 pesos mensuales, y más del 60% de los que trabajan solo perciben estos ingresos.

(El salario mínimo de un guardián que cuida viviendas, establecimientos comerciales, financieras y otros grandes negocios, es de 5,400 pesos mensuales. La jornada  de un trabajador del campo es de 130 pesos. )

Quien quiera saber si esto es o no así, que conviva con la gente del pueblo, con la gente llana de carne y huesos. Que escuche a los empleados cuando llegan los días de pagos,  que estudie lo que comen los dominicanos, como lo hace la antropóloga social Tahira Vargas, o que hable con los médicos de los hospitales públicos o que lo haga con esos prósperos “banqueros” que son los prestamistas al módico 20%.

 Es por eso que no tiene sentido que los representantes patronales ante el Comité Nacional de Salarios  persistan en negarle a los obreros y trabajadores un aumento más allá del 9.50% y que rehúsen extenderlo a todos los empleados del país. Tanto el mediador Agripino Núñez Collado como el secretario de Trabajo saben que por ese camino no se llegará a ninguna parte, y que si por la fuerza se hace la voluntad de los negociadores privados entonces estaremos empujando a la gente al mercado laboral informal, a que se vayan al extranjero o a otras cosas peores.

El tema del salario y de los ingresos de los trabajadores y los empleados necesita una ruptura. Esto lo sabe muy bien el titular de Trabajo, y otros en el gobierno. Porque el doctor Monchy Fadul conoce perfectamente que hoy en día un salario no sirve para nada.
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