Monitorear la «saga del petróleo» evitaría a RD
malas consecuencias en sectores fiscal y social

Monitorear la «saga del petróleo» evitaría a RD <BR>malas consecuencias en sectores fiscal y social

POR CLAUDIO CABRERA
La magnitud del crecimiento vertiginoso en los precios actuales de los hidrocarburos ha puesto a sonar la alarma de las autoridades, sobre todo, en los países que como República Dominicana no cuentan con reservas de petróleo y son importadores netos de tan estratégico producto.

Al llegar a topes sin precedentes los precios con niveles de US$58.0 y hasta US$60.0 por barril, con tendencia a más aumentos, las autoridades han puesto en agenda la necesidad de un programa estratégico para enfrentar con medidas alternativas, la gran bola de nieve en los precios de los hidrocarburos que amenaza la economía del país.

A esos fines, el presidente Leonel Fernández designó mediante decreto a una comisión que se encargará de, en pocos días, presentar dicho plan tendente al ahorro de combustibles.

Dentro de esta perspectiva, el Secretariado Técnico de la Presidencia, brazo técnico del Poder Ejecutivo, venía ya elaborando un amplio informe tendente a ponderar en todas sus vertientes el problema del alza de petróleo, sus consecuencias y las posibles disposiciones a ser adoptadas para atajar la crisis.

Conforme a lo indicado en el informe «Crecimiento de los Precios del Petróleo y sus Repercusiones en la Economía Dominicana», elaborado por el especialista Juan T. Monegro, entre otros problemas, el país deberá acomodar su estructura de generación de divisas para atender un crecimiento en la demanda de dólares, a fin de cubrir las crecientes importaciones del rubro en el mediano y largo plazos.

El informe sostiene que en vista del gran potencial que tienen los precios del petróleo para impactar el conjunto del sistema económico y considerando la alta dependencia de la economía dominicana de esas importaciones, es recomendable fortalecer el monitoreo de parte de las instituciones ralacionadas con este sector.

Con ello, las autoridades deben procurar mejorar la capacidad de formular propuestas de política energética que orienten las respuestas del gobierno a la coyuntura de precios altos como la que se registra actualmente.

«Especialmente -sostiene el documento-, se recomienda priorizar el monitoreo de impactos en variables fiscales, del sector externo y las relacionadas con el desarrollo social».

El documento pondera, entre otros aspectos, las consecuencias que para el país conlleva la actual situación, al señalar que «el petróleo es uno de los insumos productivos más volátiles e impredecibles de la economía».

Refiere el documento que en estos momentos el país experimenta constreñimientos financieros derivados del pago de los compromisos de la deuda y que «esa conjunción de un flujo escaso de dólares con petróleo caro aumenta la posibilidad de que la coyuntura petrolera represente una perturbación seria para la consolidación de la estabilidad y el crecimiento económico».

El estudio hace referencia a la evolución de la factura petrolera y la generación de divisas en la economía, sosteniendo que en el subperíodo 1994-2000, de «crecimiento robusto», lo más revelante fue un aumento significativo de las exportaciones totales, dada la expansión individual de todas las fuentes generadoras de divisas, como turismo, zonas francas y remesas.

Un clima favorable de crecimiento en la economía mundial, sobre todo en Estados Unidos y otros factores como la inversión extranjera directa, debido a cambios en el marco legal interno, atrajeron capitales en moneda fuerte que consolidaron la economía en ese momento.

Anota que luego, en el subperíodo 2001-2002, considerado «del desplome», tomando en cuenta el anterior, casi todos los sectores evidenciaron un desplome severo de su crecimiento, lo cual redujo la capacidad de la economía para financiar su factura petrolera que tendía a crecer desde el 2002 como resultado del «boom» de los precios.

Aunque el sector remesas registró la menor desaceleración, sectores como el turismo cayeron en -3.6%; inversión extranjera directa -0.9%; y zonas francas creció apenas 0.3%.

El tercer subperíodo considerado en el documento, se refiere al espacio que va del 2003 al 2004, llamado «del contraste».

En este se refleja un año difícil para la economía dominicana. Prevalece una alta presión en el crecimiento de los precios del petróleo, una fuerte depreciación de la moneda local, con la consiguiente inflación y otras adversidades.

«La actual no es la más vulnerable de todas las coyunturas petroleras difíciles que ha tenido la economía en los últimos veinticinco años. Por su duración e intensidad, la de mayor riesgo para la economía fue la del primer lustro de la década de los ochenta», refiere el documento.

Propone la necesidad de que se observen una serie de limitaciones que tiene la economía para absorber el alza en los precios externos de los combustibles, señalando la necesidad de abocarse a programas alternativos que permitan robustecer la economía, generar más divisas en sus sectores tradicionales y no tradicionales, así como adoptar pasos institucionales tendentes al ahorro de energía desde el gobierno.

Canasta petrolera y precios

El documento sostiene que el impacto de las alzas del petróleo no es mayor, en vista de que el país importa una canasta variada de crudos y derivados del petróleo que al final de cuentas son los que determinan el precio promedio ponderado del barril de este producto.

En adición al petróleo crudo, el país importa por lo menos otros 10 derivados de dicho carburante, que constituyen «la canasta petrolera doméstica».

Se trata de aceites básicos, el avtur, cemento asfáltico, GLP, gasoil, gasolina automotriz, lubricantes, gas natural, nafta y otros.

Hasta ahora, la República Dominicana ha adquirido petróleo crudo de Venezuela y en volúmenes más reducidos de México, dentro del marco del Acuerdo de San José.

Los derivados importados tienen un origen diferente, básicamente de los Estados Unidos. Hay que considerar que actualmente, al país ingresa un 70% de importaciones de barriles estimados de petróleo contenidos en los diferentes derivados mientras que alrededor de un 30% es petróleo crudo a ser procesado en las refinerías locales.

En cuanto a los precios, existe un precio promedio pagado por la canasta importada en el 2004 que fue de US$39.8 dólares por barril.

Dicho precio es 5.4% mayor que el prevaleciente en el mercado mundial durante el mismo período, considerando el referente promedio simple de canastas petroleras ya indicado. «La magnitud del incremento del precio fue de 31.4% respecto al año anterior, y 55.5% respecto del precio promecio del 2001», se indica en el documento.

Tomando en cuenta las importaciones de petróleo para una economía como la dominicana, tomando como punto de referencia el año 2002, en que el Producto Bruto Interno (PBI) creció en 4.5%, y considerando un año «normal» de crecimiento, con un suministro relativamente bueno de insumos energéticos, las importaciones petroleras de ese año alcanzaron los 50.1 millones de barriles.

Ese nivel corresponde a 4.2 millones de barriles por cada mes, importaciones realizadas en su mayoría por Refidomsa, en gran medida por Falconbridge y otras 60 que generan energía para el autoconsumo.

Acuerdo  de Caracas

Una alternativa que según lo plantea el documento sobre la situación actual y futura de los combustibles, reside en la posibilidad de que el país logre ingresar hasta US$204 millones este año como producto del Acuerdo de Caracas para el suministro de petróleo que el gobierno firmó en noviembre del año pasado y que contiene un programa de financiamiento revolvente para economías que no disponen del insumo energético, en función del suministro anual.

Al cerrar el mes de marzo de este año, la canasta petrolera de Venezuela se cotizó a US$44.7 por barril de petróleo. Tomando en cuenta que el país consumirá 18.3 millones de barriles del producto, o equivalentes energéticos, el país accederá a créditos en las condiciones ya pactadas hasta el monto indicado.

«El ACEC constituye un instrumento de cooperación solidaria que contiene optimizar como política y gestión de gobierno para aliviar la carga fiscal derivada de los altos precios del petróleo», se indica en el documento.

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