Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR)El monitoreo preventivo en los procesos de contratación pública ha sido una de las herramientas clave implementadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo. Sin embargo, su aplicación ha generado preocupaciones en distintos sectores, especialmente ante la reciente incorporación de nuevas alertas en noviembre de 2024. ¿Se trata de una medida necesaria para fortalecer el control y la eficiencia en la gestión de compras públicas, o estamos ante una burocratización excesiva que podría limitar la participación de proveedores y afectar la competitividad?
El monitoreo preventivo, formalizado mediante la Resolución PNP-08-2022, tiene como objetivo detectar de manera temprana posibles incumplimientos en los procedimientos de contratación pública. Se implementa a través del Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR), el cual analiza 41 variables y emite alertas sobre posibles irregularidades en los procesos gestionados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
Entre las alertas más relevantes, se encuentran:
- Adjudicaciones repetitivas a un mismo proveedor más de cinco veces en un año.
- Precios idénticos en una misma licitación.
- Descalificación masiva de ofertas excepto la ganadora.
- Adjudicación a empresas recién inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Si bien este sistema busca mitigar riesgos y fomentar la competencia, su ejecución ha generado dudas sobre la correcta interpretación de sus alertas y la capacitación del personal que las aplica. ¿Cual es el problema con que un proveedor sea adjudicado mas de cinco veces en un año?
Los beneficios de este sistema solo se materializan cuando el sistema se aplica con criterios técnicos sólidos y en un marco de legalidad y equidad. A pesar de sus buenas intenciones, la implementación del monitoreo preventivo ha generado desafíos significativos:
- Falta de capacitación: Muchos técnicos y analistas en compras públicas carecen del conocimiento necesario para interpretar correctamente las alertas del SAPR y comienzan a descalificar proveedores injustamente.
- Riesgo de decisiones arbitrarias: Existen casos en los que proveedores han sido descalificados injustamente con base en alertas preventivas que, en realidad, no constituyen irregularidades. Por ejemplo, la anulación de una adjudicación por el simple hecho de que el proveedor estaba recién inscrito en el RPE, cuando no existe ninguna normativa que prohíba la participación de proveedores nuevos.
- Retrasos en procesos de contratación: La burocratización excesiva puede generar demoras innecesarias en la ejecución de contratos, afectando la eficiencia del Estado.
Si las alertas preventivas se convierten en mecanismos rígidos y de aplicación mecánica, en lugar de herramientas orientadas a la mejora continua, pueden convertirse en obstáculos para la libre competencia y el acceso equitativo de los proveedores al mercado público.
Para que el monitoreo preventivo sea realmente efectivo sin afectar la competitividad y la equidad, es necesario adoptar medidas correctivas:
- Capacitación del personal técnico en las unidades de compras y contrataciones para una correcta interpretación de las alertas y evitar decisiones erróneas o arbitrarias.
- Mayor flexibilidad en la evaluación de alertas, asegurando que cada caso sea analizado en su contexto y no de manera automática.
- Revisión de los criterios de alerta, evitando que medidas bien intencionadas generen exclusiones injustificadas.
- Mecanismos de reclamación y corrección ágil para proveedores afectados por alertas mal interpretadas.
Conclusion, el Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR) es una herramienta necesaria con ajustes pendientes. Esta representan un avance importante en la regulación de las contrataciones públicas en República Dominicana. Sin embargo, su implementación requiere ajustes para evitar efectos colaterales negativos.
La solución no es eliminar el sistema de alertas, sino fortalecer su aplicación con criterios técnicos, capacitación efectiva y mecanismos de revisión que garanticen que no se violen derechos de los proveedores. Solo así se logrará el equilibrio entre la transparencia y la equidad, asegurando que las contrataciones públicas sean tanto eficientes como inclusivas.