El ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo aseguró que está completamente decidido a transformar y modernizar radicalmente la situación actual de la red de transporte, para garantizar a los ciudadanos una movilidad segura, confiable y asequible pese a las acusaciones e injurias en su contra.
A continuación el texto íntegro de las declaraciones del funcionario suministradas a HOY, bajo el título: “Ley de acción y reacción de los privilegios”:
“En los últimos años el Gobierno de la República Dominicana ha puesto en marcha un proceso profundo de modernización y democratización del país, que recoge las más altas aspiraciones de su población y las encauza dentro de un programa realizable y pragmático de conquistas sociales.

Este es un programa con el que he estado comprometido, junto al resto del equipo del Presidente, desde el momento de su diseño inicial y en el que llevo trabajando sin descanso, junto con un inestimable equipo de colaboradores, desde agosto de 2012.

Este plan de acción incluye, entre muchos otros campos, la lucha por la calidad educativa y por el derecho a la salud, la construcción de viviendas asequibles, la reforma del sector eléctrico, los avances en transparencia gubernamental, la batalla por la seguridad ciudadana y también el muy esperado ordenamiento del sector del transporte terrestre.

Se trata en muchos casos de cambios estructurales, profundos y esperamos irreversibles, encaminados a la consolidación de un país de clases medias en el que reine el imperio de la ley.

Por supuesto, ninguno de estos temas es nuevo en el país, al contrario, cada uno de ellos arrastra una larga historia de vacíos legislativos y de intereses creados durante décadas que, lógicamente, se resisten a desaparecer de la noche a la mañana.

Hablando claro: con cada acción que emprendemos desde el Gobierno para poner orden y acabar con los privilegios indebidamente adquiridos, es inevitable que se produzca una reacción igual y contraria, por parte de aquellos que se benefician del status quo.

Podemos llamar a esto, por tomar una metáfora de la física la primera ley de acción y reacción de los privilegios.

Esta reacción contraria puede tomar diferentes formas, desde la legítima contraargumentación, que respetamos y con la que siempre dialogamos, hasta prácticas antiéticas, como el sabotaje, la difamación, la difusión de rumores falsos o los ataques personales en las redes.

El objetivo de los mismos será invariablemente tratar de desacreditar al funcionario que esté intentando solucionar el problema en cuestión.

En la sociedad actual, en la que cualquiera puede difundir un mensaje sin esperar consecuencias por ello, es más importante que nunca reflexionar acerca de la veracidad de la información.

Ahora, más que nunca, los ciudadanos debemos estar atentos y no dejarnos llevar por el que habla más alto, sino por el que habla con la verdad.
Las declaraciones flamígeras e infundadas abundan. Debemos aprender a esperarlas por parte de los que han vivido largo tiempo instalados en la cultura de la impunidad y están sintiendo que se mueve el piso bajo sus pies.

Pero el hecho de que este mecanismo de acusaciones falsas se haya hecho cotidiano no lo hace disculpable, al contrario, lo convierte en un cáncer para nuestra democracia.

A lo largo de mi trayectoria al frente del Ministerio de la Presidencia no han sido menos de 30 las ocasiones en que he tenido que enfrentar las más variopintas y descabelladas acusaciones, cada vez que he debido hacer frente al inmovilismo de ciertos sectores.

Sin ir más lejos, hace dos semanas, una nueva carga de injurias ha sido dirigida hacia mi persona. Esta vez a raíz de intentar poner orden en el sector del transporte terrestre.

Como he mencionado, es algo esperable, casi un precio que estamos obligados a pagar los funcionarios que estamos comprometidos con el cumplimiento responsable de nuestras funciones. Sin embargo, no es algo a lo que, como ser humano, pueda o quiera acostumbrarme.

Nadie debe acostumbrarse al insulto y la mentira, ni sobre él mismo ni sobre los demás, si no queremos convertirnos en una sociedad de permanente crispación, sin códigos éticos y regida por el cinismo.

Acerca de mi persona solo diré que mi mayor patrimonio son mis valores y mi comportamiento ético.

Para quien quiera comprobarlo, tanto mi trayectoria pública, como mis bienes están a la luz del día y pueden ser investigados por cualquiera. No encontrarán en ellos sombra alguna de mala práctica.

Tengo igualmente el convencimiento de que una ciudadanía bien informada y proactiva es cada vez el mejor aliado contra el inmovilismo y los privilegios. Por eso apelo a los dominicanos y dominicanas, para que sean ellos quienes, con su apoyo y defensa, nos ayuden a seguir implementando los cambios que necesita este país.

Ya hemos logrado ganar otras batallas que parecían imposibles. Lo hicimos solo con la fuerza de la razón y el entusiasmo de que solo nace de las causas justas.
Así se puso en marcha el 911, Ciudad Juan Bosch, el sistema de monitoreo de metas del Estado, República Digital, el plan de titulación de tierras, y muchas otras iniciativas.
En el caso particular del transporte, estamos completamente decididos a transformar y modernizar radicalmente la situación actual de la red de transporte, para garantizar a los ciudadanos una movilidad segura, confiable y asequible, así como puestos de trabajo digno a los trabajadores del sector.
Estamos conscientes que el país aún enfrenta importantes desafíos en este ámbito, que demandan un fuerte compromiso de las autoridades responsables y tenemos la firme voluntad de avanzar en este arduo camino.
Mi compromiso personal, por tanto, es el de seguir trabajando, sin descanso y sin miedo a los ataques, para cumplir con el pueblo dominicano, implementando el programa de gobierno del presidente Medina. Un programa que, paso a paso, está construyendo el país que queremos y merecemos.

Hago un llamado vehemente a los líderes políticos, empresariales, sindicales, sociales, religiosos, a los comunicadores y a todos los ciudadanos, para que no permitan que siga esta vorágine de denuncias irresponsables, de falacias sin fundamento y de descalificación de todo el que está en la función pública. Esas prácticas dañan la democracia y desmotivan a aquellos que, de buena fe, quieren servir a su país. En resumen, estas campañas harán más difícil el servicio público.

Por eso apelo al ejercicio de una ciudadanía responsable y no tengo duda que la cultura de la denuncia infundada tendrá cada vez menos cómplices. La verdad acabará triunfando entre los millones de dominicanos y dominicanas que desean un país mejor. Como dice la sabiduría popular, el tiempo pone a cada uno en su lugar… Y este servidor, no tiene prisa”.