El Estado dominicano concluirá este año con un déficit superior a los 170 mil millones de pesos,  que representan el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). De ese monto, corresponden al Gobierno central un total de RD$148 mil millones que equivalen al 6.5 por ciento del PIB.

 Así lo reveló el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montás, quien explicó que el déficit consolidado del Estado lo completa el   déficit de las instituciones descentralizadas y el cuasi fiscal del Banco Central de 2% del PIB.

 En rueda de prensa realizada al término de la reunión en que  el presidente Danilo Medina y su equipo económico presentaron su propuesta de reforma fiscal al Consejo Económico y Social (CES), Montás explicó que en lo atinente al Gobierno central, la situación de déficit tuvo  su origen en que para este año se realizó una proyección económica  en base a unos supuestos que no se produjeron en la realidad, y por el incremento en la inversión en infraestructura que terminará el año en 6% del PIB.

Dijo que en estos momentos las recaudaciones registran una caída estimada en 27 mil millones de pesos menos de lo que se había proyectado cuando se aprobó el presupuesto del año y que el gasto excederá en RD$106,404 lo previsto en el original.

Explicó que la situación del gasto es debido a que, en primer lugar, en el presupuesto se asignaron recursos para el subsidio eléctrico por RD$10,570 millones pero la realidad del sector lo ha situado en RD$48,155 millones, o sea, 37 mil 585 millones más.

Y en segundo lugar a mayores gastos en inversión pública, que ascenderían a RD$138,365 millones, esto es 41 mil 114 millones más de lo que se presupuestó originalmente, lo que compensa los bajos niveles relativos de inversión de los tres años anteriores, durante los cuales se situó en 3.5% del PIB promedio anual, inferior al nivel existente en el cuatrienio 2004-2008 de 4.4% del PIB.

Sin alternativas.  Montás explicó que  si la situación fiscal no se modifica, el déficit del presupuesto de 2013 sería de 139,824 millones (5.6% del PIB), asumiendo el compromiso del 4% del PIB para la educación pre universitaria, el fuerte aumento en el pago de los intereses de la deuda pública, incluido la del Banco Central, y los recursos que habrá que destinar a los nuevos poderes públicos y programas sociales prioritarios.

Advirtió que si la situación fiscal actual persistiera, la nómina se congelaría al nivel del cierre de 2012.