El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo justificó el financiamiento del Banco Mundial por más de US$20 Millones (RD$800 millones) para el proyecto de desarrollo municipal (PRODEN) en que los municipios son la sustentación para un verdadero estado de derecho, que es la aspiración de todos los dominicanos.

El ingeniero Temistocles Montás habló en el lanzamiento del Proyecto de Desarrollo Regional, Local y Comunitario (PRODEM), con financiamiento de US$20 millones y que será desarrollado en cinco años en 30 municipios, acto que tuvo lugar la noche de este jueves en el Palacio Nacional.

El ministro pronosticó que al provenir los fondos de un organismo internacional habrá garantías de transparencia en el manejo de los mismos y calidad en las obras que serán financiadas.

         Citó como ejemplo la caída en 1998 por efecto del huracán York de todas las redes de transmisión eléctrica construidas con recursos internos, en contraste con las de alta tensión que permanecen porque fueron construidas según los procedimientos y criterios técnicos de organismos internacionales que las financiaron, entre ellos el Banco Mundial.

“Este es un elemento importante que los ayuntamientos deben considerar”, sugirió Montás, al recordar que esos fondos tienen por objetivo fortalecer la institucionalidad de los cabildos, objetivo que es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo que el Poder Ejecutivo someterá al Congreso este 27 de febrero.

Recordó que la Estrategia Nacional de Desarrollo que el Presidente de la República someterá al Congreso este domingo aspira a que al 2030 la institucionalidad del país sea equiparable a la de los países desarrollados.

Definió la institucionalidad básica de un régimen democrático son los municipios, por lo que no es posible aspirar a fortalecer institucionalmente al país y transformar el estado dominicano en un verdadero estado de derecho sin sustentarlo en los municipios.

En el acto hablaron también los arquitectos Franklin Labour, director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y Marcos Martínez;  David Tushschneider, del Banco Mundial y el síndico Andrés Ruiz Peña, en representación de los alcaldes de los 30 municipios en los que será ejecutado el proyecto. 

Montás citó la cohesión social como otro aspecto de la Estrategia ligado a los municipios, como la razón por la que para ejecutar el proyecto se escogió primero los municipios con niveles más altos de pobreza y de desigualdad social.

“No es posible pensar en (alcanzar) esa sociedad, si de por medio no hablamos también de cohesión territorial, que es un serio problema, pues todos sabemos que hay zonas del país donde se concentra fundamentalmente la pobreza, pues no es posible pensar en cohesión social si no se logra cohesión territorial”, comentó.

Aclaró que aunque esa cohesión territorial no resultará del financiamiento se hará camino al andar, por lo que sugirió en un futuro un fondo de cohesión territorial en respuesta a la precariedad de muchos municipios que les impide cargar con arbitrios a sus munícipes.

Citó la experiencia de cohesión territorial en la Unión Europea, donde los países más ricos crearon un fondo de cohesión social para facilitar que los más pobres se integraran más rápidamente, hasta lograr una convergencia con los más desarrollados.

“Y aquí en el país, guardando las diferencias, habrá que pensar en algún momento en crear fondos de cohesión territorial para nivelar los territorios, pues no es posible mejorar las condiciones sociales de la población mientras persistan estos desniveles tan grandes entre comunidades”, agregó.

El representante del Banco Mundial, David Tushschneider, especialista en desarrollo rural, citó que uno de los objetivos estratégico del proyecto es generar mejores resultados para la ciudadanía mediante un gasto público más eficiente y fortalecer la capacidad institucional de diseñar e implementar políticas a favor de los ciudadanos.

Dijo que la ventaja de una política de cohesión social territorial primaria o de igualación de oportunidades territoriales es que tiene a su vez un efecto sobre el desarrollo económico, una vez que la población accede a mínimos e igualitarios servicios y a bienes básicos, lo que incentiva la actividad económica que da lugar  a un proceso de dispersión.

“Este ciclo se puede dar solo si los gobiernos locales están en capacidad de asumir de manera sólida e incrementar mayores responsabilidades en la gestión, a través del manejo participativo, transparente y eficiente de los recursos públicos. Esta base también permite que la coordinación entre otros niveles tenga mayores impactos en la base territorial”, explicó.

“Esto es importante, porque el desarrollo económico tiende a concentrar la riqueza en territorios, debido a la economía de aglomeración, es decir a las necesidades y ventajas de concentrar las actividades una cerca de otra, sea para abaratar los lazos entre ellas o simplemente para generar una masa critica que incentive el intercambio de conocimiento e innovación”, dijo.

Aclaró que esto no sólo tiene que ver con recibir recursos sino con administrarlos según las prioritarias de la gente, informar al público cómo son usados, desafío que requiere una visión sistémica, articulada de abajo hacia arriba.