POR MANUEL JIMÉNEZ
El secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, propuso ayer un conjunto de reformas constitucionales, una de las cuales obligaría al Congreso a sancionar en dos meses y medio el proyecto general de presupuesto y otra que le otorgaría un plazo de 60 días para ratificar los contratos de préstamos suscritos por el país.

Si al término de estos plazos esos proyectos no han sido sancionados por ambas cámaras legislativas, los mismos se convertirían automáticamente en ley, de acuerdo a la propuesta de Montás, quien intervino en una sesión de consultas a representantes de gremios de profesionales en el marco de la reforma constitucional.

Montás, quien hizo su exposición en presencia del presidente Leonel Fernández, sugirió que en la reforma se introduzca el compromiso del Poder Ejecutivo de someter al Congreso el proyecto de Presupuesto a más tardar el primero de octubre de cada año.

Pero ambas cámaras deberán sancionar el proyecto a más tardar el 15 de diciembre de cada año.

Montás planteó modificar el párrafo IV del artículo 115 de la Constitución vigente, para que en lo adelante se establezca lo siguiente:

“Cuando el Congreso de la República no haya aprobado el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado a mas tardar el 15 de diciembre de cada año, regirá como Ley el Proyecto de Ley general de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo”.

Sugiere, asimismo, cambiar el concepto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos por el de Presupuesto General de la Nación, pues en lo adelante se incluirá en esta pieza, no solo las partidas presupuestarias de las instituciones del Gobierno Central, sino también los presupuestos de las autónomas y descentralizadas.

Montás explicó que en el caso de los contratos de préstamos que suscriba el Estado con organismos multilaterales y la banca privada internacional, se consigne en la Constitución que estos deberán ser remitidos al Congreso para fines de ratificación en un plazo de 15 días contados a partir de su firma.

El Congreso deberá ratificarlo en los 60 días siguientes, pues de no hacerlo estos contratos serían ley automáticamente.

Explicó que el espíritu de esta reforma es evitar la situación que se verifica en la actualidad que el Estado se ve obligado a pagar comisiones por contratos de préstamos que, en ocasiones, duran hasta dos años sin ser sancionados por el Congreso Nacional.

“El gobierno tiene la obligación de pagar comisiones por estos empréstitos al día siguiente de ser firmados y este mecanismo evitaría que el país pierda estos recursos por la tardanza que en ocasiones incurre el Congreso para ratificarlos”, dijo Montás.

En una parte de la exposición del ingeniero Montás intervino el presidente Fernández para precisar que la idea de llamarle Presupuesto General del Estado a lo que hoy se conoce como Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos es para incluir los presupuestos de las instituciones autónomas que hoy no figuran en la pieza.

“Pero yo creo que el elemento central que estamos planteando y que debe quedar muy en cuenta, es que en caso de que el Congreso no apruebe el presupuesto al final del año, la nueva Ley de Presupuesto establece una serie de mecanismos que hace prácticamente imposible seguir aplicando el presupuesto anterior”, comentó el ingeniero Montás.

Dijo que el plazo de dos meses y medio que se le estaría dando al Congreso en la nueva Constitución “es una práctica muy común en la mayoría de los países de América Latina”.

 “Es decir, al Congreso se le da un período para aprobar el Presupuesto. Si en ese período no lo aprueban, por la razón que sea, automáticamente para que no haya problemas al iniciarse el año, la vigencia es del presupuesto que sometió el Presidente de la República”, insistió en plantear Montas.

De igual manera, planteó que se establezca que en el caso de las leyes orgánicas estas solo puedan ser reformadas con el respaldo de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso.

Montás se refirió concretamente a la Ley Orgánica de Presupuesto, a la Ley de Inversión y Planificación Pública y la Ley de Crédito Público.

La presentación de las exposiciones fue coordinada por monseñor Agripino Núñez Collado y Marcos Villamán, con la presencia de varios de los integrantes de la comisión de juristas que trabaja en el proceso de la consulta para la reforma constitucional.

Planteó también revisar la facultad constitucional del Congreso para otorgar pensiones, así como reglamentar más eficientemente los controles administrativos de la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, así como la función de vigilancia que se reserva al propio Poder Legislativo.