Morales y empresarios cruzan advertencias por la tierra

Morales y empresarios cruzan advertencias por la tierra

LA PAZ (AP) _ El gobierno del presidente Evo Morales desautorizó al prefecto (gobernador) de Santa Cruz a redistribuir la tierra en esa región del oriente y le recordó que eso es potestad del Poder Ejecutivo, mientras empresarios agrícolas anunciaron que defenderán sus propiedades ante eventuales medidas confiscatorias.

El plan del gobierno consiste en lanzar a fin de mes una «Revolución Agraria» que se iniciaría con la reversión de la impresionante cifra de entre 11 y 14 millones de hectáreas, de un total de 107 millones de hectáreas que el estado detectó hace una década como tierras, en su mayoría latifundios, con posibles problemas legales.

En declaraciones divulgadas el miércoles, Morales expresó su «satisfacción y coincidencia» con la necesidad de «redistribuir la tierra» en esa rica región del oriente boliviano expresada por el prefecto, Rubén Costas.

Sin embargo, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo que cualquier decisión que asuma el gobierno regional de Santa Cruz «es ilegal e inconstitucional». El funcionario precisó que la política de tierra la define el gobierno central.

«Hay tierras que no prestan una función económica-social. Son tierras orientadas a negociar. Eso debe cambiar», dijo Morales después de recibir el juramento el martes por la noche de José Antonio Martínez como Superintendente Forestal.

Costas solicitó al mandatario acordar con autoridades y empresarios de su región su anunciada reforma agraria. La propuesta del prefecto fue apoyada por líderes y grupos empresariales de Santa Cruz, al este de La Paz, donde están las mayores propiedades agrícolas.

El vicepresidente de la influyente Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca acusó al mandatario de «hacer política con el tema de la tierra» y dijo que si el gobierno no acuerda sus medidas con los sectores empresariales, tendrá al frente «a 60.000 productores que sabrán defender el fruto de su esfuerzo».

Gran parte de las tierras en conflicto se encuentra en Santa Cruz, el departamento más extenso de Bolivia, rico en suelos para la producción.

La mayoría de esa tierra fue cedida gratuitamente en gobiernos dictatoriales, especialmente en el del fallecido ex presidente Hugo Banzer (1971-78). El ex mandatario, quien luego gobernó democráticamente, fue acusado de regalar grandes extensiones a sus colaboradores. Son básicamente latifundios, la mayoría ociosas.

En 1996, una ley ordenó el saneamiento de tierras, pero diez años después el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sólo pudo sanear 17% de las 107 millones de hectáreas a las que debía alcanzar la medida.

Entre las medidas que anticipa el gobierno están acelerar los procedimientos para el saneamiento, bajar sus costos, incorporar mecanismos de «control social» y distribuir las tierras que recuperó el estado.

En los últimos años han ido en aumento los enfrentamientos entre latifundistas del oriente e indígenas del occidente debido a la invasión de propiedades privadas por parte de grupos del autodenominado Movimiento Sin Tierra (MST).

En Santa Cruz se han iniciado campañas privadas para impedir que se provea de tierras en la región a campesinos e indígenas que no hayan nacido allí.

 

 

 

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