POR GERMAN MARTE
El ex fiscal del Distrito Nacional, Guillermo Moreno, consideró ayer que la Policía debe ser “desmontada”. Consideró Moreno que la sociedad no podrá mejorar mientras el encargado de darle seguridad sea una de las fuentes de inseguridad.

«La Policía debe ser desmontada. Ahí no hay posiciones intermedias,» sostuvo Moreno.

De acuerdo con el ex fiscal y decano de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) se precisa de una reforma policial profunda para dar paso a un cuerpo más tecnificado y mejor entrenado.

Moreno dijo que ese nuevo cuerpo policial deberá tener mayor conciencia de su función y conocimiento de cuáles son los derechos ciudadanos, ya que será responsable de proteger tales derechos.

Manifestó que más que manos duras para combatir la delincuencia, se precisa que la ley sea dura, no la Policía.

Dijo que cuando la Policía actúa violentamente y desconociendo la ley se iguala al delincuente y pierde legitimidad.

Manifestó que en el país no debe haber ni un sólo dominicano que muera en un real o supuesto intercambio de disparos, sin que el ministerio público investigue.

En otro orden, Moreno consideró que la resistencia a la implementación del nuevo Código Procesal Penal se debe a que la aplicación del mismo implica una ruptura de una tradición jurídico de más de cien años y que en muchos aspectos, el cambio ha sido radical.

Al ser entrevistado por Servio Tulio Castaños Guzmán, en el programa de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Moreno dijo que la falta de preparación del personal ha dificultado la aplicación de la nueva legislación.

Sin embargo, consideró que son innegables los avances, «a pesar de las voces agoreras que se oponen a todo cambio y que sólo sienten seguridad bajo el refugio de lo que conocen y que no se atreven a dar  pasos hacia delante”.

En su opinión, lo más trascendental del nuevo Código Procesal Penal es su carácter «garantista», que resguarda los derechos de los acusados y también de las demás partes que intervienen en el proceso. Recalcó que el nuevo Código no sólo garantiza los intereses del imputado, sino también de la víctima.

 «Nunca antes la víctima de una infracción había gozado de tantas derechos y garantías para obtener o lograr su retención en el proceso penal como en este Código», manifestó el ex fiscal.

Anteriormente, explicó Moreno, la única forma de la víctima participar en el proceso penal era constituyéndose en parte civil, pero que ahora la víctima puede ser, al mismo tiempo, parte del proceso, sin tener que constituirse en parte civil, lo cual le da derecho a ser informada de todo el curso del proceso y ser oída cada vez que se va a tomar una decisión que le ponga término al proceso.

«Entonces, la víctima tiene derechos muy bien protegidos en la nueva legislación», observó Moreno. Otro aspecto que el ex fiscal considera trascendental en el nuevo Código Procesal Penal, es que ahora el monopolio de la investigación la tiene el Ministerio Público y no la Policía Nacional.

«Esto es trascendente, porque rompe el esquema anterior que causaba traumas y deficiencias en la administración de justicia penal, porque en la práctica quien investigaba era la Policía y esto era fuente de que muchas de las pruebas que se rendían en el expediente estuvieran contaminadas y no eran pruebas sobre las cuales se podía, efectivamente, producir una sentencia».

Añadió que por la forma en que la Policía recoge las pruebas, desconoce las garantías.

DELINCUENTES Y AUTORIDAD

De acuerdo con Moreno, lo que distingue a la autoridad del delincuente es que la primera se somete a la ley y el delincuente no.

 «Delincuente es aquel que no se somete a la ley, no importa que lo haga bajo el título de autoridad o en un  asalto común», añadió.

Entiende que la autoridad debe siempre conservar el respeto a la ley como la fuente de legitimidad de su actuación.

Moreno destacó que el nuevo código modifica la vieja estructura  y desplaza al juez de instrucción que era la otra parte que actuaba en la investigación, además de la Policía, lo que también entiende que era fuente de ineficiencia en la administración de justicia penal.

En su opinión, la renovación del Ministerio Público facilitará la agilización del proceso judicial.

Resaltó que parte de la resistencia que hay al nuevo código se debe a que el sistema anterior permitía que la persona fuese juzgada sobre la base de la presunción de culpabilidad, a pesar de que la ley establecía lo contrario, y esto se debía a que la investigación de la Policía normalmente se basaba en una presunción de culpabilidad y, por lo tanto, utilizaba los métodos de tortura y de presión para que la persona admita la culpabilidad que la Policía presume que tiene.

Normalmente, explicó, los jueces de instrucción no hacían una investigación paralela, sino que endosaban la de la Policía, por lo que entonces, ya en el juicio, el juez declaraba  culpable al acusado.

Pero ahora no se puede condenar a nadie sobre la base de una presunción de culpabilidad, sino sobre la base de pruebas, explicó.

Dijo que la persona no puede ser condenada sin que se le pruebe que es culpable.