Morir a manos de la Policía

Tras la divulgación de una fotografía que hace ver que dos hombres fueron acribillados por agentes policiales en La Romana estando ya detenidos y esposados, la decisión de sus superiores de investigar las circunstancias para establecer responsabilidades no reduce indignación en la sociedad. Lo primero que procede es que la indagación clave de ese hecho esté a cargo del Ministerio Público que debe poner de lado ya su falta de acción ante similares derramamientos de sangre descritos repetidamente por la institución policial como intercambios de disparos, aunque las evidencias indiquen ostensiblemente lo contrario.

Lo acaecido en La Romana reúne el resaltante perfil de las ejecuciones extrajudiciales condenadas cada vez por la opinión pública por constituir un recurso deshumanizado que viola derechos con una sistematicidad que delata ausencia de interés por desterrarlas. Procede alarmarse por el contexto que en materia de respeto a la vida crean los homicidas uniformados que se comportan como si no les rigiera un protocolo que les impida disparar sin justificación y menos a personas reducidas a la obediencia; que les recuerde que no están para decidir quién debe seguir viviendo o no a su propio criterio o condicionados a actuar mortalmente al perseguir la delincuencia, sin juicio y sin que exista la pena de muerte en brutal desprecio al Estado de derecho y al Poder Judicial

Respaldando  la legalidad

Más de cuatro millones de venezolanos han abandonado su país hacia un doloroso exilio en medio de un desastre político-social causado por detentadores del poder que hace tiempo perdieron legalidad. Las últimas elecciones verdaderamente libres en Venezuela sustentan la existencia de una Asamblea Nacional que, acosada por el oficialismo, es el instrumento de Estado que al pueblo representa.
En el colmo de la violencia en Caracas, un aparato militar despótico impidió el ingreso a su sede de los parlamentarios opuestos al chavismo y así imponer una directiva que respondiera a los intereses del régimen de facto rechazado por muchos países. República Dominicana se ha pronunciado, como corresponde, contra esa acción de fuerza ejecutada por quienes han sumido en crisis a Venezuela.