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Por cuenta propia o reproduciendo de naciones u organizaciones internacionales amigas, alguien, en la antigua Secretaría de Estado de Salud Pública, estableció los comités de mortalidad materna hospitalarios, regionales o centrales, con la finalidad de “analizar” los casos de muerte materna y aprovechar las experiencias para evitar la repetición de errores, con la base filosófica de que “ninguna mujer debe morir en un proceso natural como un embarazo o un parto” a menos que enfermedades intercurrentes se asocien con la gestación.
Participé en muchas reuniones de esos comités y mi conclusión fue (¡y es!) que cada miembro de esos equipos de analistas procuraba recargar la responsabilidad de la defunción en otro integrante del grupo evadiendo su culpabilidad asociada a la naturaleza de su cargo o posición administrativa. Así, para los representantes de Salud Pública, el mayor número de muertes se explicaba en negligencia médica o mala práctica, mientras que para los docentes y médicos de servicio las deficiencias institucionales y “fallas del sistema” eran causantes de la mayoría de las defunciones.
El aporte de los comités de mortalidad materna a la reducción del número de defunciones maternas no ha sido evaluado y esa tarea se ve limitada por un número poco significativo de necropsias en comparación con el volumen total de muertes en el país, dejando muchas interrogantes sobre los diagnósticos finales. Lo incuestionable es que en estas reuniones los análisis y conclusiones están condicionados por el color del cristal con que se miran, menospreciando factores que no admiten cuestionamientos en ninguna parte del mundo y a los que me referiré, si Dios lo permite, en mi próxima colaboración.