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PANAMÁ (EFE).- La presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, insistió ayer lunes, ante el Parlamento para que endurezca las penas contra los menores infractores, proyecto que los legisladores rechazaron por primera vez el pasado día 4.
Moscoso envió de nuevo a la Asamblea Legislativa, el jueves pasado, el proyecto de ley para que se juzgue como adultos a los menores infractores mayores de 14 años por delitos graves y se les pueda condenar a 20 años de cárcel, pena máxima vigente en Panamá.
«Espero que esta vez se escuche la voz del pueblo y no encontremos oposición a la aprobación de estas leyes, simplemente para hacer política contra el Gobierno», expresó Moscoso hoy en un mensaje por cadena nacional de radio y televisión.
La gobernante recordó que convocó a nuevas sesiones extraordinarias del Parlamento esta semana «para que apruebe las reformas al Régimen de los Menores Infractores».
Moscoso enfatizó que su iniciativa busca que «aquellos menores de edad que cometen delitos graves, como homicidios dolosos, violaciones o secuestros, reciban hasta 20 años de reclusión, igual que los adultos».
Este y otros proyectos son parte del Plan Mano Dura de Moscoso para combatir la delincuencia, que incluye operaciones policiales en zonas de altos índices delictivos.
Según Moscoso, «se han reducido los homicidios y los robos desde que se inició el Plan Mano Dura», pero «para mantener este clima de seguridad es necesario que los delincuentes capturados por la Policía Nacional permanezcan en la cárcel».
«Por eso nuestra insistencia para que se aprueben las leyes del Plan Mano Dura», aseveró.
«No es posible que mientras la Policía lucha contra la delincuencia, capturando pandilleros y llevándolos a la cárcel, los legisladores se nieguen a discutir leyes que son necesarias para mantenerlos encarcelados», señaló.
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado viernes una ley contra las pandillas, que pena la pertenencia a una banda con hasta tres años de prisión y a sus cabecillas con cinco años.
Esas penas aumentarán si las pandillas se constituyen para cometer delitos como terrorismo, homicidio, secuestro o tráfico de armas, según fuentes legislativas.
Otra pena es de hasta nueve años de cárcel contra quienes fabriquen, importen, almacenen, transformen o comercialicen ilegalmente armas de fuego.
El Parlamento puede celebrar sesiones extraordinarias hasta el 31 de agosto, un día antes de que Moscoso entregue el poder al presidente electo de Panamá, Martín Torrijos.
