De nuevo aparece como posible un endurecimiento de restricciones a la interacción social, sobre todo de diversiones multitudinarias, con advertencias de autoridades que tienden a sentirse empujadas a reponer drasticidades por notables rupturas de distanciamiento y abandono de mascarillas en jolgorios.

Una restitución de los alcances del toque de queda que obstaculizaría las recreaciones nocturnas en bares, cines, teatros y restaurantes.

Se causa la impresión de que las concentraciones con fines de distracción en sitios abiertos o bajo techo, toleradas bajo condición de guardar distancia y mantener masivamente la protección respiratoria, conducen a repuntes de hospitalizaciones que delatan una propagación viral facilitada por los relajamientos.

Los comportamientos irresponsables, ante un peligro que se niega a desaparecer, justificarían el retorno a confinamientos, odiosos y traumáticos, en perjuicio de la colectividad que incluye a los propios desenfadados, que impedirían con rigor otra vez los servicios de gastronomía y esparcimientos comedidos que han venido siendo posibles por esfuerzos privados por conciliar los desempeños sustentadores de empleos y de negocios legítimos con barreras moderadas contra la difusión de gérmenes que enferman y quitan la vida.

La falta de civismo con «amnesia» deliberada, pone a pagar a justos por pecadores en conflicto con el costoso programa sanitario.

El hacedor de obras… y deudas

Cuando el Estado pone a envejecer los compromisos de pago contraídos para realizaciones materiales, y estas no cesan, incurre llanamente en disponer de los recursos que con legitimidad pertenecen a sus acreedores, bajo el sencillo pero lesivo procedimiento para constructores y proveedores de dejar de pagarles a tiempo. Convierte a sus contratistas en financiadores de sus «impresionantes» obras.

Vale reconocer el derecho de deudores (en este caso el Gobierno) a depurar las cuentas por pagar, en buena parte heredadas de pasadas irracionalidades en el gasto, pero si se va a seguir en la misma ruta, y con la misma gente, los impagos deberían perder volumen a medida que se lleva a cabo una ágil comprobación de su legitimidad para salvar de la ruina a acreedores que entregaron edificaciones hace tiempo.