La reconocida estrategia de aplicar a “grandes males, grandes remedios” no es constante en este país; salvo que se que accediera a asignar 4% del PBI al presupuesto de Educación aun sin ser lo máximo que convenía, en otros ámbitos las obras suelen ser más resonantes que abarcadoras y efectivas. El “Año del fomento de la vivienda 2016” se quedó corto en sus pasos hacia objetivos que impactaran sobre la situación de miseria en concentraciones de casuchas y arrabales vulnerables a inclemencias. La opción del fideicomiso es para frutos de largo plazo, y los proyectos de alto costo como La Nueva Barquita y el de Boca de Cachón hacen poquísima mella al déficit.

Benefician a contadas familias mientras se prestan para la auto exaltación del oficialismo en cuñas electorales sin ser el resultado de ambiciosas políticas de saneamiento de zonas urbanas y sub urbanas rescatables con recursos modestos, al tiempo de reubicar aquellos asentamientos insalvables. Sin dejar de lado otras formas de propiciar techos dignos, en interés de llenar necesidades de alojamiento de la clase media baja, el Estado debe dar más importancia a planes de drenar o cubrir cañadas inmundas, reconstruir viviendas precarias con tecnología de bajo costo, nivelar suelos, abrir calles y dotar de servicios a barrios humildes. Esto no serviría para llenar ojos, pero sí para poner a mucha gente a vivir decentemente, vista la inmensidad de los cinturones de miseria.

En perjucio de contribuyentes

El 82% de los usuarios de la electricidad en el país está en disfrute del servicio bajo la condición de subsidiados, según consta en un estudio sobre los problemas del sector energético. El Estado distrae de sus fondos -imprescindibles para acuciantes problemas que reclaman su asistencia- para extender una protección que no tiene que llegar tan lejos. No es cierto que haya tanta gente en aguda insolvencia.
La condición de pobreza extrema no llega al 40% de los ciudadanos, por lo que un porcentaje importante de usuarios recibe indebidamente el auxilio económico en desmedro del mejor uso de los recursos públicos. El subsidio así aplicado, debe ser limitado en sus alcances; y el pacto eléctrico en ciernes debería incluir el compromiso de endurecer las gestiones de cobro de las Edes y focalizar el tratamiento tarifario.