Movimiento Dominicanos x Derecho respalda posición de CIDH ante OEA

Movimiento Dominicanos x Derecho respalda posición de CIDH ante OEA

Hablaron Paola Pellieter y Roberto José. Hoy / Francisco Reyes

El Movimiento Dominicanos x Derecho declaró hoy que respalda plenamente los planteamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al despojo arbitrario de la nacionalidad generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que afecta casi exclusivamente a dominicanos de ascendencia haitiana.

La CIDH reiteró ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos  (OEA) que el Estado Dominicano “debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010” y “que las soluciones al problema deben cumplir con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.”

En rueda de prensa celebrada hoy los voceros del Movimiento Dominicanos x Derecho, Paola Pelletier y Roberto Antuan José, compartieron la precisión de la CIDH de que las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la Sentencia 168-13 deben ser generales y automáticas y dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos.

Consideraron que las medidas no pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria.

Explicaron que estas disposiciones fueron planteadas a nivel hemisférico como parte de las Observaciones Preliminares al informe que prepara la CIDH sobre la visita que realizó en diciembre pasado a la República Dominicana.

Resaltaron el hecho de que la CIDH haya validado ante el Consejo Permanente de la OEA denuncias presentadas en sesiones previas, de que en RD existe un proceso de privación arbitraria de la nacionalidad basado en criterios discriminatorios, que podría afectar a decenas de miles de  personas.

La presentación de la CIDH se da tan solo dos semanas después de que más de 20 Estados alrededor del mundo expresaran su preocupación por el alegado despojo de nacionalidad ocasionado por la sentencia del Tribunal Constitucional en el contexto del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Ginebra a inicios de febrero.

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