El Movimiento Guardianes de la Constitución, llama al país a reconocer el triunfo de la diplomacia dominicana, por contribuir, después de un esfuerzo decidido, sistemático y firme, a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) dispusiera, que tropas militares encabezadas por Kenia, vayan al rescate de la seguridad, la paz y el orden del anarquizado Haití.

Este Movimiento, compuesto por militares y civiles que participaron en la revolución y guerra Patria de abril de 1965, entiende el valor de la supremacía de la Constitución en los actos del Estado, solicita que todos los sectores de la nación, sin importar ideología, religión, clase económica y social, se sumen al regocijo de este triunfo diplomático, fruto de la sagacidad, mesura, inteligencia y firme determinación de las autoridades dominicanas.

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Hablando a nombre de la organización, Andrés Fortunato Victoria, señaló que la reciente disposición del Consejo de Seguridad de la ONU, ligada al despliegue militar de carácter preventivo y disuasivo que sellan la frontera, son una garantía de gran valor, para preservar el tratado fronterizo de 1929, firmado entre el Presidente Dominicano Horacio Vásquez y el haitiano Luis Bornó, cuyos principios fueron consagrados en el Protocolo de Revisión del año 1936, donde se consagra el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje.

Estos logros, afirmó, están inscritos en el mandato del art. 3 de la Constitución, el cual plantea, que “La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable.

Señala que las diligencias escalonadas llevadas a cabo por la vía diplomática, combinadas con acciones militares estratégicas y oportunas, encaminan hacia una República Dominicana, que garantice la seguridad de la Patria.

Por otra parte, demandó de todo el liderazgo político nacional, que en lo que sigue, el escenario de la campaña electoral, para las elecciones del próximo año, sean desarrollados conforme al mandato constitucional contenido en el numeral 12 de su art. 75.

El mandato señala, que es deber de todo ciudadano y ciudadana, “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.