Hoy 
Los movimientos sociales en República Dominicana han tenido mucha efervescencia en los últimos cuatro años. En las distintas comunidades del interior, tanto en la zona rural como en las comunidades urbano-marginales se ha producido un total de 1,002 movimientos de protestas con un promedio de 21 movimientos por mes. Sus causas se ubican en las deficiencias de políticas sociales del gobierno y en su intervención en el mejoramiento de la infraestructura y servicios de las comunidades.
Los movimientos sociales vinculados a temas no-tradicionales en la agenda reivindicativa han irrumpido en nuestra sociedad en los últimos años como fue el movimiento en defensa de Los Haitises y en la actualidad contra el mantenimiento de la explotación de las minas de Cotuí por la Barrick Gold.
En este sentido se desarrolló el movimiento contra la Reforma de la Constitución y específicamente el rechazo a la inclusión del artículo 30 que perjudica a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Este último movilizó una gran diversidad de sectores pero no logró su objetivo por las barreras en el poder legislativo del ejercicio de poder eclesiástico y alianzas político-partidarias con mayor peso que la preservación de la vida de las mujeres.
En la actualidad encontramos de nuevo al movimiento social articulado hacia una demanda no-tradicional en sus reivindicaciones, un 4% del PIB para educación. Este movimiento está liderado por organizaciones sociales, Ong, movimientos juveniles y espacios de coordinación social que habían asumido un papel protagónico en los movimientos de presión sobre educación.
La gravedad de la crisis y deterioro de la educación dominicana ha sensibilizado a muchos sectores que reconocen la importancia de la educación para el desarrollo humano. El movimiento coalición por una educación digna se fortalece y a su demanda se suman otros dos elementos críticos del sistema educativo en estos momentos como son: la exclusión de los maestros de una oferta de servicios de salud eficientes y el problema del cambio de currículo y de libros de textos sin previa consulta al Consejo Nacional de Educación ni a los actores educativos. Estas demandas no han contado con la participación protagónica ni organizativa de la ADP que se mantiene pasiva y en silencio.
La presencia de este movimiento social con demandas hacia la transformación de la realidad educativa del país es una urgencia y se espera que logre difundir el sentimiento y la necesidad de que la ciudadanía no debe permitir que continúe la exclusión de la mayoría de la población de una educación digna y de calidad que le corresponde como derecho y para lo cual pagamos impuestos sin recibir nada a cambio.
