El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Frank Moya Pons, ordenó ayer detener las operaciones de vaciado de material rocoso en la bahía de Samaná importado de Puerto Rico y solicitó al Procurador para la Defensa del Medio Ambiente hacer una investigación exhaustiva que determine si hubo negligencia y delito ambiental en la operación.

Entretanto, el senador de la provincia de Samaná Ramiro Espino en declaraciones a HOY, dijo que la operación pretendía traer al país poco más de ocho millones de toneladas métricas de desechos para depositarlos en Puerto Duarte, en Arroyo Barril, Samaná.

Informó que una comisión de senadores se trasladará mañana al lugar para investigar la situación.

Las empresas Transdominicana y Multigestiones Valenza fueron las que solicitaron la importación de «rockash» al país. La primera con el objetivo de «mejorar las condiciones del puerto de Arroyo Barril en Samaná» y la segunda para triturar ese material y «exportarlo para la industria de la construcción en los Estados Unidos».

El “rockash” es un material que se produce adicionando a las cenizas de las termoeléctricas agua y arena a altas temperaturas con lo que se conforma una especie de roca que se usa para la construcción de carreteras y hormigón armado.

Moya Pons dijo que en caso de que se compruebe que se descarga material tóxico, se producirán sanciones contra los responsables de la operación o de quiénes la hayan autorizado.

Advirtió que la ley 218 del 28 de febrero de 1984 prohíbe la introducción en el país, por cualquier vía, de basuras domiciliarias o municipales y sus derivados cienos o lodos cloacales, tratados o no, así como desechos tóxicos provenientes de procesos industriales.

El ingeniero Rafael Veloz, director de Protección Ambiental de la subsecretaría de Gestión Ambiental, negó que se autorizara la introducción al país de lodo cloacal o materiales tóxicos.

Afirmó que el material que se deposita en Arroyo Barril es rockash que no produce lixiviados ni contaminantes de acuerdo a los análisis de laboratorio.

Sin embargo, Veloz explicó que los operadores de la barcaza violaron la resolución de la Subsecretaría de Gestión Ambiental que le dio un permiso que vencía el pasado 15 de marzo.

Agregó que además se violó la disposición de la obligación de informar cada embarque para que un técnico especialista confirmara la calidad del material y la operación.

Dijo que el último embarque que llegó, se notificó el martes 24 y la empresa informó que comenzarían las descargas al día siguiente pero sin embargo iniciaron el mismo día.

Moya Pons, quien se encuentra fuera del país en una reunión de Ministros de Medio Ambiente en Corea del Sur, expresó que la ley 64-00 prevé el establecimiento de multas y sanciones para los violadores de esa disposición legal.

Rafael Veloz dijo que el rockash tiene una certificación de inocuidad emitida por el laboratorio Altol Chemical Enviromental de Puerto Rico.

Señaló que la Junta Ambiental de Puerto Rico comunicó a las autoridades dominicanas de Gestión Ambiental que la empresa AES que genera ese material en Puerto Rico está autorizada para el manejo de esos residuos.

Dijo que técnicos de Gestión Ambiental están tomando muestras de laboratorio para determinar si el material descargado en el puerto corresponde a la solicitud hecha por las empresas.