El procurador general, Francisco Domínguez Brito, se sumó ayer a la preocupación del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) respecto de la nueva Ley que regula e instituye el Colegio Dominicano de Notarios, e informó que como institución encargada de la legalización de los actos notariales, estudiarán la situación, en especial lo que tiene que ver con las tarifas.

No obstante, dijo que cualquier observación de modificación a la legislación debe hacerse en atención al criterio que señale la SCJ, que es el órgano rector.

“En lo que a mí respecta, estamos estudiando la situación aunque ya la ley entró en vigencia. No me atrevo a especificar puntos de contradicción, pero respaldamos las observaciones de la SCJ que es el órgano rector responsable”, expresó Domínguez Brito.
Además del presidente de la SCJ, Mariano Germán, también la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha manifestado preocupación por la nueva Ley.