El juicio Odebrecht ya está en su etapa final. Este lunes el Ministerio Público comenzó con la exposición de sus conclusiones finales sobre este caso, reiteró la imputación del principal acusado: Ángel Rondón Rijo, como la persona que se encargó de repartir los 92 millones de dólares para sobornar a funcionarios y legisladores con la finalidad de acaparar obras estatales a favor de la constructora brasileña.

En su exposición, con recursos audiovisuales, la fiscal, directora de Litigación, Mirna Ortiz, señaló que la defensa del imputado Rondón Rijo no pudo ofrecer documentos que avalen las funciones de empresario como asesor de la constructora en el país.

Ortiz indica que esto no sucedió porque las funciones del imputado eran el pago de sobornos, prácticas ilícitas que no pueden registrarse en un papel, porque de lo contrario serían descubiertas.

«¿Dónde están los documentos que avalan sus consultorías y asesorías?», cuestionó la fiscal ante el estrado. «La función de Ángel Rondón no tiene un sustento como intermediario y asesor porque esa función consistía en realizar acuerdos ilícitos, en recibir dinero de Odebrecht con el objetivo de pagar a legisladores y ministros para la obtención ilegal de estas obras y para eso no se puede dejar rastro”, expuso.

Para Ortiz, una prueba de que efectivamente se realizaban pago de sobornos en República Dominicana era el éxito que tenía la constructora para alzarse con los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Hizo referencia al acuerdo de lenidad que asienta tres elementos que comprueban, supuestamente, la consumación del acto de corrupción.

El pago de honorarios a Ángel Rondón para que lograra un resultado (adquisición de obra, obtención de financiamientos, liberación de pagos).
Informaciones de Ángel Rondón sobre el estado y evolución de los conflictos de Consorcio Odebrecht sucursal República Dominicana en los diversos órganos públicos.
El éxito efectivo de los conflictos respecto a los cuales Ángel había sido contratado.

El Ministerio Público señaló que Rondón constituyó un entramado societario conformado con 30 empresas para lavar el dinero ilícito obtenido a través de los sobornos.

El órgano persecutor culmina este miércoles sus conclusiones finales. El próximo lunes 2 de agosto será el turno de Rondón y su defensa de presentar sus última ponencia ante las juezas que presiden el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Rondón dispondrá en total de seis días para exponer sus conclusiones, para luego dar paso a los otro cinco imputados- el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, los exsenadores Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, que deberá concluir el 16 de septiembre.

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Este caso de corrupción es el de mayor magnitud de la historia reciente del país, ya que ha salpicado a las dos principales fuerzas políticas, al Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el poder desde agosto de 2020, y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que dirigió el país entre 2004 y 2020.

Odebrecht admitió en 2016 que pagó 92 millones de dólares en sobornos a políticos dominicanos para adjudicarse y lograr facilidades en 16 contratos de obras públicas, entre ellos carreteras, hidroeléctricas o acueductos, cuyos presupuestos sumados rondan los 3.865 millones de dólares.

La empresa brasileña llegó a un acuerdo con la Procuraduría dominicana en 2017 por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo que admitió haber entregado en sobornos en el país.