El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, iniciado en 2018 por el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha resultado en un “fraude” y un “sangrado económico al erario”, según la solicitud de medidas de coerción que las actuales autoridades del Ministerio Público depositaron en contra del exfuncionario y otras siete personas detenidas por el denominado caso Medusa.

El expediente, de 294 páginas, establece que “es un acto criminal que teniendo un sistema penitenciario con condiciones de hacinamiento de hasta un 800%, en algunos casos se haya invertido aproximadamente RD$10,000 millones y la mayoría de esos recursos han sido invertidos sin criterio o distraídos”.

El documento añade que para poder adquirir mobiliarios, equipos y electrodomésticos se hicieron inauguraciones sin estar las obras terminadas y q ue la entrega de obras como el Lote 4 de Las Parras ha generado “daños cuantiosos para el Estado, ya que la misma tiene vicios de construcción insalvables”.

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Hoy van al tribunal
Los ocho arrestados por este caso, que según el MP involucra unos RD$6,000 millones, deberán responder por estas imputaciones en la audiencia de medidas de coerción fijada para hoy a las 10:00 de la mañana en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Entre los detenidos figuran Rodríguez, Miguel de Moya, Rafael Mercedes, Alfredo Solano, Javier Forteza, Jonathan Rodríguez, Jenny Marte y Altagracia Guillén.

Los imputados Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Altagracia Guillén, Jenny Marte y Rafael Mercedes “se constituyeron en una asociación de malhechores que para distraer los fondos del Estado cometieron múltiples acciones delictivas que van desde la construcción de un plan de humanización sin ningún diseño real, ausencia de estudio de suelo, o estudios alterados y en otros casos estudios de suelos que evidentemente indicaban que no había condiciones para hacer las construcciones en esos lugares, como ocurrió con la selección de los terrenos de Las Parras”.

El pliego acusatorio señala que en muchos de estos proyectos, el sistema de abastecimiento de agua potable, el drenaje sanitario y la red eléctrica han sido “altamente deficientes”.
Repartieron ron desde PGR.

La solicitud de medidas cautelares asegura que empleados de la PGR y miembros del movimiento político Renovación, una organización creada en el seno de la institución para apoyar las campañas de candidatos peledeístas, utilizaban el estacionamiento soterrado del organismo para depositar bebidas alcohólicas compradas en Villa Consuelo, las cuales eran reenvasadas en botellas plásticas para ser distribuidas en las actividades proselitistas.
Agrega que en este sitio se preparaban sobres con unos RD$400 cada uno, los cuales eran entregados en la oficina del encartado Jonathan Rodríguez o en la sede principal del movimiento político, ubicada en la avenida Winston Churchill.

Culto a su figura. Según el expediente, desde el inicio de su gestión en la PGR, Jean Alain Rodríguez ya tenía la idea de manejar recursos y superponer su imagen por encima de la figura del organismo, para lo cual creó la “Dirección de Coordinación Institucional”.

Esta dependencia, de acuerdo a la investigación de los fiscales, tenía la misión de “dar apariencia de legalidad a conductas que rompían las buenas prácticas administrativas”.
“La metodología era captar y mantener a una gran cantidad del personal contratado para hacer trabajos en los pueblos, para vender y mantener en primer plano la figura de Jean Alain Rodríguez”, precisa el texto.

Acceso ilícito a procesos. El MP sostiene que el imputado Javier Forteza Ibarra, mientras fue director informático de la PGR, creó un acceso ilícito en el sistema informático de la institución con el objetivo de monitorizar desde cualquier lugar las computadoras utilizadas en las áreas administrativas y por los fiscales, lo que le permitió tomar control de las informaciones personales y de los procesos penales y le facilitó la eliminación de datos.