El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, iniciado en 2018 por el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha resultado en un “fraude” y un “sangrado económico al erario”, según la solicitud de medidas de coerción que las actuales autoridades del Ministerio Público depositaron en contra del exfuncionario y otras siete personas detenidas por el denominado caso Medusa.