Tres meses después de que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, solicitara públicamente a la Procuraduría General de la República investigar a todos los senadores por el caso de los aviones Tucano y procesar a los responsables si detectara alguna irregularidad en esa negociación, se desconoce qué tanto ha avanzado esa investigación o si estaría estancada.
Trascendió, sin embargo, que el Ministerio Público estaría gestionando un acuerdo con el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, pieza clave y único preso de todos los involucrados en el supuesto cobro de US$3.5 millones que habría pagado la empresa brasileña Embraer para “estimular” en el Congreso Nacional la aprobación del préstamo de US$94 millones con que el Estado dominicano adquirió dichos aviones.
Fuentes vinculadas con el proceso informaron a esta reportera que a Piccini Núñez, en cuya residencia se incautaron documentos y fotografías de viajes a Brasil y reuniones con ejecutivos de Embraer, se le estaría ofreciendo “acomodarle la pena a cambio de su confesión y entrega de piezas”.
Habría sido con esos fines que el día primero de este mes el imputado fue trasladado desde la cárcel de Najayo, donde guarda prisión preventiva, hasta la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca), incluso sin el conocimiento de su abogado, según las fuentes que pidieron no ser identificadas.
También la semana pasada el Ministerio Público tenía previsto volver a tantear a Piccini Núñez, pero se desconoce si el interrogatorio se produjo.
“Esas negociaciones comenzaron hace ya varias semanas y el tranque está en que él (Piccini) se resiste a delatar solo a su mentor afirmando que hay más involucrados”, aseguraron las fuentes.
Piccini, quien al momento de ocurrir los hechos que se le imputan se desempeñaba como director de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), ha reiterado ante la prensa que la Pepca sabe quiénes se distribuyeron los US$3.5 millones del supuesto soborno pagado por Embraer.
“La Pepca sabe dónde tiene que ir y la tecla que debe tocar; ellos le están imputando hechos solo a una parte de un gran escenario”, dijo el 13 de septiembre cuando la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le ratificó la prisión preventiva.
Oferta y contraoferta. El Ministerio Público le estaría ofreciendo a Piccini Núñez, a cambio de su confesión, una pena de diez años con cinco bajo libertad condicional.

Piccini habría condicionado el trato a una condena de cinco años, dos de ellos en la cárcel y tres en libertad; que lo pongan en el área de seguridad de la cárcel de Najayo; que por seguridad envíen a sus hijos a los Estados Unidos, entre otros beneficios.

“El Ministerio Público se ha aguantado porque está ponderando la pertinencia de que él involucre a personas que saldrían seriamente lesionadas de ahí, incluidos legisladores”, aseguraron las fuentes.

Lo que establece la ley. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión “Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno, y como tal será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas”.
Reacción de legisladores. Tras la publicación de las fotos incautadas en la residencia de Piccini Núñez, los legisladores que aparecen en estas negaron tener vínculos turbios con la empresa Embraer. “Las fotografías publicadas corresponden a un viaje de carácter oficial realizado del 20 al 26 de febrero de 2011 por una comisión multisectorial integrada por el senador Carlos Castillo, (presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Nacional de la República en ese entonces), el senador Luis René Canaán, (secretario de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Nacional), quien suscribe (Tommy Alberto Galán Grullón), (presidente de la Comisión Permanente de Hacienda y miembro de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Nacional); y el director del Instituto de Aeronáutica Civil, para esa fecha, José Tomás Pérez”, dijo Galán en una carta enviada a este diario.