El Ministerio Público inició este viernes la lectura de la acusación en la audiencia preliminar contra el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y otros 16 implicados en la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este.

Fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusan de incurrir en esa actividad ilícita al exdirector de Corde, Leoncio Almánzar Objío; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

Además son imputados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L. y los miembros de esa empresa, Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

También José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

Igualmente, fueron acusadas las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Tekknowlogic Dominicana S.R.L.

La acusación establece que los citados funcionarios públicos se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, de más de un millón de metros cuadrados, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.

Refiere el expediente que éstos últimos tenían expectativas de obtener ganancias por miles de millones de pesos, resultado de revender la infraestructura pública y privada desarrollada en el sector, valiéndose de maniobras fraudulentas (estafa) en perjuicio del Estado y del pago de beneficios indebidos en forma de sobornos.

Al grupo se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionario público, abuso de funciones, complicidad en desfalco en perjuicio del Estado dominicano, asociación de malhechores, estafa, coautor de soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en desfalco.

El equipo litigante del Ministerio Público está dirigido por el titular de la Pepca, Wilson Camacho, y lo integran los fiscales José Miguel Marmolejos, María Melenciano, Isis de la Cruz y Rosa Pichardo.

El fiscal Marmolejos explicó que la audiencia preliminar en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se inició con la presentación de la acusación del Ministerio Público.

“Tenemos una acusación sólida con más de 1,000 pruebas testimoniales y documentales que demuestran que este es uno de los desfalcos inmobiliarios más grandes que se han cometido en la República Dominicana y estamos confiados que lograremos una sentencia condenatoria”, expresó el magistrado Marmolejos.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó esta tarde la audiencia para continuar conociendo la acusación del Ministerio Público el próximo viernes 12 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.