El Ministerio Publicó dispuso una investigación exhaustiva sobre los terrenos del vertedero Duquesa y la forma en que la empresa Lajún Corporation tomó posesión de las 1,392 tareas que ocupa, para determinar si en las operaciones “de cualquier tipo” que se han dado en torno a esos terreno hay algún vestigio de actuación dolosa.

Informó que por tratarse de transacciones efectuadas desde hace varias décadas, están evaluando y verificando con el debido cuidado toda la documentación e informaciones obtenidas mediante requerimientos que ha hecho el Ministerio Público a varias instituciones y personas vinculadas con el caso.

Dicho vertedero mantiene enfrentados a la empresa Lajún con los cabildos del Distrito Nacional y el gran Santo Domingo, quienes han sido impedidos de depositar los desechos de sus respectivas comunidades allí, hasta tanto no acepten un aumento en las tarifas que pagan.
A raíz de esta pugna se ha descubierto que el contrato de venta de esos terreno que habría hecho el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) no pasó por el Congreso Nacional como es de ley, y el actual director de la institución, Pedro César Mota Pacheco, dijo que han encontrado documentos viciados sobre la titularidad de los terrenos de Duquesa, pero ningún contrato con Lajún.

La investigación. Una comisión tiene a su cargo la investigación y deberá rendir en los próximos días un informe con conclusiones y recomendaciones al procurador general, Jean Rodríguez, sobre si procede o no iniciar acciones punitivas.
Esa comisión la integran
el director nacional de Persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano; el abogado del Estado y procurador fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier.
El Ministerio de Medio Ambiente impuso una multa a Lajún por RD$16 millones, por violación a la Ley número 64-00.