El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, afirmó ayer que para los implicados en el caso de los sobornos que confesó dio la empresa Odebrecht a funcionarios dominicanos para la adquisición de obras, el Ministerio Público solicitarán 18 meses de prisión como medida de coerción.
“La gravedad de los hechos nos lleva a pedir una grave medida, como permite la ley”, expresó.
Por otro lado, Rodríguez dijo que con el sometimiento a la justicia de los implicados en el caso Odebrecht cumple su promesa, de que todos los funcionario que comprueben hayan recibido sobornos o beneficio directo o indirecto serán sometidos a la justicia sin importar de quien sea ni en qué periodo de gobierno haya trabajado.
“Cumplo con la palabra dada. Comparezco ante ustedes, tal como les anuncié recientemente, para informales que hemos solicitado órdenes de arresto en contra de todas y cada una de las personas citadas en los documentos de la empresa Odebrecht y del Ministerio Público de Brasil, sin excepción”, expresó.
Rodríguez hizo la aseveración al pronunciar un discurso en la sede de la Procuraduría General de la República en el que indicó que sometieron a la justicia a 14 personas, en lo que calificó como un hecho sin precedentes en el país, si se tiene en cuenta los involucrados, la multiplicidad de presuntos delitos y las posiciones de poder involucradas.
Según el procurador general, las imputaciones incluyen presuntos delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Están todos los que son… Alain Rodríguez manifestó que “están todos los que son y son todos los que están” y que habilitarán en el portar de la institución un enlace del Ministerio Público de Brasil para que la ciudadanía pueda comprobar que es así.
“Destacó no en todos los casos el modus operandis fue el mismo, ni todos participaron de los mismos hechos”, expresó.
Indicó que los imputados sin inmunidad parlamentaria están detenidos o en proceso de apresamiento.
Los que tienen dicho privilegio son los senadores peledeístas Julio César Valentín, Tommy Galán y el diputado del Partido Revolucionario Moderno Alfredo Pacheco, quienes necesitan de la aprobación de Congreso para ser apresados.
Ahora toca a la justicia. El máximo representante del Ministerio Público, señaló que ahora toca a los jueces aceptar o rechazar su solicitud, ya que “son ellos quienes van a decidir si luego de que los hemos apresado, los dejan o no en libertad”.