El Ministerio Público solicitó ayer declaratoria de caso complejo y 18 meses de prisión preventiva contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez y otros siete imputados por corrupción y lavado de activos que fueron arrestados en la llamada Operación Medusa.

La medida coercitiva más gravosa fue pedida en contra del exprocurador Rodríguez, Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.

La jornada de ayer en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se extendió por 10 horas, en las que el órgano de la persecución penal relató ante la jueza Kenya Romero los hechos punibles que se le atribuyen a los imputados y las pruebas en su contra.

Desde temprano, la magistrada dispuso que la audiencia continuaría mañana a las 10:00 de la mañana con la presentación de los presupuestos de arraigo de parte de las defensas de los acusados y que, en caso de no poder finalizar ese día, se ordenaría un receso hasta el lunes.

Evidencias suficientes. Al terminar la audiencia, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirmó que el órgano acusador presentó en el tribunal “cientos de pruebas que son mucho más que suficiente” para sustentar un expediente “blindado”.

“La defensa, con esa cantidad de pruebas que hemos presentado, no tiene oportunidad en este caso y deberá acogerse la solicitud del Ministerio Público”, expresó Wilson Camacho.

Defensa ve poco sustento. La defensa del exprocurador sostuvo que el expediente del MP está sustentado en presuntos hechos como el envasado de ron en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), políticos que eran empleados, cárceles levantadas sin estudios de suelo, entre otros alegatos.

Por su lado, la abogada de Jonnathan Rodríguez aseguró que el MP basó su pliego acusatorio en testimonios que, por tratarse de una audiencia de medidas de coerción, no pueden ser escuchados en el tribunal, así como en entrevistas de personas que “no están siendo investigadas”.