Durante las vistas públicas en las que se debatió el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, en la Cámara de Diputados, se hicieron planteamientos que van desde sancionar a los inquilinos que se atrasen en el pago del alquiler, que los contratos con pagos en dólares se puedan entregar en pesos y la urgencia de la creación de una jurisdicción especializada para el conocimiento de todo lo relativo al alquiler de inmuebles.

En las vistas públicas realizadas ayer por la comisión especial que preside el diputado Eugenio Cedeño, en el Salón de la Asamblea Nacional, el Ministerio Público (MP) hizo sus observaciones por medio de la directora de Control de Alquileres y Desahucios, fiscal Carmen Alardo Peña, quien planteó a los legisladores crear una Dirección General de Mediación y Conciliación, para decidir los conflictos en materia de alquiler de inmuebles en montos de hasta RD$50,000.

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Recomendó que la misma Dirección sea apoderada -de manera opcional- de los contratos superiores a los RD$50,000.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), Annerys Meléndez, reiteró la posición que le había hecho a la comisión especial, “la gran necesidad de que el país cuente con una ley de alquileres que responda a la realidad actual y que ofrezca garantías y seguridad jurídica a las partes”, para que sirva de desarrollo del mercado inmobiliario.

El parecer de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) lo expuso Reyna Echenique, secretaria de la Junta Directiva, y entre las observaciones, recomienda que el propietario del inmueble deba justificar el derecho de propiedad como medio probatorio de su calidad para alquilar el inmueble.

También, que en los contratos de moneda extranjera, las partes tengan opción para realizar el pago en moneda nacional.

El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, favorece que la ley establezca la conciliación y revise los aspectos de las multas.

Llama a revisar los artículos 15, 34, 28, 16 y 18 del proyecto. Hipólito Girón, presidente de la Asociación de Alguaciles, planteó que se regule la labor de los alguaciles durante los desalojos de inmuebles.