La independencia funcional del Ministerio Público se podría ver gravemente afectada si la Asamblea Revisora establece que la carrera del Ministerio Público excluya los cargos de los procuradores generales de las cortes de apelación y los fiscales de distritos judiciales.
Está preocupación fue externada por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, en una carta que dirigió a Reynaldo Pared Pérez, presidente de la Asamblea Nacional.
Tras resaltar que en primera lectura se aprobó que el Ministerio Público esté integrado por miembros de carrera y que sólo el procurador y una cuota de sus adjuntos serían nombrados por el Poder Ejecutivo, Jiménez Peña sostuvo que esa es la única garantía de que haya un justo balance entre las tareas del Gobierno y las técnicas y de persecución del crimen.
Asimismo, Jiménez Peña estableció que cambiar el modelo actual, en el que los fiscales de carrera persiguen el crimen, sería un error.
Potenciaría la odiosa práctica política de repartir tras cada cambio de Gobierno los cargos directivos del Ministerio Público, llamados a asegurar la implementación coherente de las políticas institucionales de persecución penal y de solución de los conflictos penalmente relevantes.