El Ministerio Público ponderó, a través del abogado del Estado y fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista, la decisión del Tribunal Constitucional de ratificar la titularidad al Estado dominicano sobre Bahía de las Águilas, al considerar que finalmente se hace justicia a favor de los dominicanos.

El Tribunal Constitucional (TC), luego de acoger la petición del Ministerio Público, rechazó varios recursos de revisión constitucional a decisiones jurisdiccionales y ratificó la titularidad al Estado dominicano del derecho de propiedad en Bahía de Águilas.

Con su decisión, el TC confirma la sentencia número 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de diciembre de 2018, mediante la cual quedó confirmada la decisión del Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional que declaró la nulidad de los títulos emitidos a favor de particulares en Bahía de las Águilas, en Pedernales.

El Ministerio Público destacó en un comunicado de prensa que, con este fallo del Tribunal Constitucional, que es definitivo e irrevocable, luego de un extenso proceso judicial que duró varias décadas, finalmente se hace justicia a favor de la nación y de todos los dominicanos.

Dijo que es una decisión de gran trascendencia para el Estado, que ha recuperado definitivamente la titularidad de millones de metros cuadrados en Bahía de las Águilas que estaban registrados a nombres de particulares, producto de uno de los fraudes más grandes registrados en materia inmobiliaria en el país. Resaltó que ello contribuirá con el desarrollo de la nación y el sector turístico.

Los recursos respecto a dicha sentencia fueron rechazados a las partes recurrentes, razón social Águila Domínico-Internacional, S. A.; Fomento de Obras y Construcciones, S. A. (Focsa); entidades comerciales Bel-Three Property Management Limited, Bel Dominicana Corporation, Lamb Development Corporation, así como a la señora Yovanka Indhira Torres Robles, alegados adquirientes de terrenos en Bahía de las Águilas. Los jueces establecieron que con la decisión precedente no se produjo violación a ningún derecho fundamental.

En este caso el Estado dominicano estuvo representado por el Ministerio Público a través del abogado del Estado y fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria Gedeón Platón Bautista, así como por juristas del Instituto Agrario Dominicano (IAD), la Dirección General de Bienes Nacionales, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Ministerio de Turismo y los abogados particulares, constituidos y apoderados especiales, Laura Acosta Lora, Manuel de Jesús Cáceres Genao, Samuel Ramia Sánchez, Gustavo Biaggi Pumarol y Blas Minaya.

La decisión del TC fue adoptada por los magistrados Milton Ray Guevara, juez presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto, y Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, así como los jueces Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero.