El Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia que a la diputada perremeísta Rosa Amalia Pilarte se le imponga presentación periódica e impedimento de salida del país, como medida de coerción por supuestamente lavar activos producto del narcotráfico.

Además, el brazo persecutor de la Procuraduría General de la República pidió «el pago de una garantía económica en efectivo ascendente a la suma de cien millones de pesos (DOP 100,000,000.00)«.

La petición del órgano acusador al juez de la Instrucción Especial, Napoleón Estévez Lavandier, se debe a que la legisladora cuenta con un privilegio de jurisdicción que le asigna el ordenamiento jurídico nacional en su condición de diputada.

En la calificación jurídica preliminar, el Ministerio Público le atribuye a la diputada Rosa Amalia Pilarte López violación a la Ley 155-17, Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, en el artículo 3, numerales 1, 2 y 3, y los artículos 6 y 9, numerales 1 y 2. También los artículos 3, 7, 8, 18, 19 y 21 de la Ley 72-02, Sobre Lavado de Activos, modificada por la 155-17.

Le imputa infringir la Ley 11-92, Sobre Régimen Tributario, en los artículos 10 y 11, literal B; el 204, numeral 1, y 222, numerales 4 y 6, así como los artículos del 232 al 236 y el 237, numeral 1. Continúa con el 238, numerales 2, 3 y 4, y el 239, párrafo III, numeral 2.

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Finalmente, la acusa de violar la Ley Monetaria y Financiera (183-02), en el artículo 3 y el 68, numerales 1 y 10; el 70, literal A, numeral 1, y el 86, literal A.