La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó anoche ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva contra los siete detenidos por presunta estafa al Estado, caso que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras-Goico Ramírez, ya el propietario de Transcore Latam, empresario José Angel (Jochy) Gómez Canaán.

También solicitó que el caso sea declarado complejo para todos los implicados en la red denominada Operación Camaleón, sobre el control de la red de semanforización del Gran Santo Domingo.

A Beras le imputan gestionar transferencia de recursos para la empresa de Gómez y beneficiarla con un contrato por el monto de RD$1,317,350,997, superior al presupuesto inicial de RD$ 1,200,000,000, que habilitó para su consideración.

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Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, encabezó el equipo que llevó la solicitud.

La entidad interrogó ayer a Gómez Canaán por tercera ocasión. Fue trasladado de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la sede de la Procuraduría General, en la Feria, a eso de la 1:00 p.m., y retornado pasadas las 9:00. No emitió opinión a medios de comunicación.

En tanto, fue aplazado para el lunes a las 5:00 de la tarde el interrogatorio al exministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, quien sería entrevistado ayer, pero los investigadores estaban en otras asignaciones.
Paulino Sem, de acuerdo al Ministerio Público, es citado para declarar acerca de la sociedad comercial Aurix, S.A.S., propiedad de Gómez Canaán, a la que se le otorgó un contrato el 23 de junio de 2020, manejando información sobre la seguridad fronteriza.

El Ministerio de Defensa anunció el 30 de septiembre, que rescindió el contrato. El abogado de Paulino Sem, Jovanny Tejada, confirmó la posposición del interrogatorio y aseguró que su representado no se sustraerá, por no tener nada que ocultar.

Medida de coerción

La procuradora Mirna Ortiz, al entregar los documentos que sustentan la solitud de prisión preventiva, declaró que cumplieron con el plazo de las 48 horas para depositar, con las imputaciones precisas y elementos de pruebas, “que sin duda, darán al traste con la imposición de medida de coerción de prisión preventiva.

Expresó que las imputaciones van desde delito de alta tecnología, lavado de activos, documentos falsos y estafa contra el Estado, “a través de las contrataciones públicas, con las que fueron favorecidas estas empresas”.

La medida incluye a excolaboradores del Intrant, en la gestión de Hugo Beras, como su asistente, Frank Rafael Atilano Díaz Warden; Samuel Gregorio Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Juan Francisco Álvarez Carbucia, exdirector Administrativo y Financiero. Pedro Vinicio Padovani Báez, quien fuera encargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y luego, propietario de Transcore Latam, y Carlos José Peguero Vargas.

Reproche de los abogados

Los representantes de Hugo Beras: Laura Acosta y Luis Rivas, volvieron a cuestionar el maltrato al exfuncionario durante el allanamiento. Acosta dijo que fue puesto en el suelo y a su esposa la trataron mal.

De su lado, el aboga de Jochy Gómez, Carlos Balcácer, aseguró que no existen pruebas de falsificación contra su defendido y dijo que está convencido de que no será enviado a prisión.