MP somete a la justicia al alcalde de La Romana

MP somete a la justicia al alcalde de La Romana

El Ministerio Público (MP) sometió ayer a la justicia al alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames Bautista, y a varios de sus colaboradores en el Cabildo, acusados de falsificación de documentos, prevaricación, desfalco y por constituirse en “asociación de malechores en perjuicio del Estado dominicano”.

Asimismo, solicitó que se dicte auto de apertura a juicio y que se mantenga la medida de prisión preventiva en contra del grupo, en el que figuran Rafael Augusto Rocha trinidad, Remigio Antonio Pilier Mercedes y Francisco Severino Nolasco, extesoreros del Cabildo, y que se incluya a Michael Ferreyra Berroa, encargado de Compras y de Obras Municipales.

El sometimiento fue hecho a través de de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que dirige la magistrada Laura Guerrero Pelletier, quien dijo que con sus actuaciones los acusados violaron los artículos 145, 147, 150, 151, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

“Con el sometimiento de estas personas el Ministerio Público busca que sean enviados a juicio y se proceda a declarar su culpabilidad en los hechos que se le imputan”, dijo Guerrero Pelletier en un documento de prensa.

Historial delictivo. Según el MP, el alcalde y Rocha habrían emitido un cheque por RD$930,750 a nombre de Pedro Jesús Medina para la preparación de planos de un parque infantil, y fue cambiado por Rocha. Luego, de febrero a diciembre de 2011, Adames, Rocha y Pelier falsificaron la firma del contratante en un contrato de reconstrucción de aceras y contenes, y cobraron más de RD$3 millones. En el 2013 falsearon documentos para emitir 85 cheques por un valor de RD$ 3.3 millones a nombre del director de higiene y de limpieza del Cabildo, Guillermo Antonio Martínez.

En noviembre de ese mismo año, al alcalde y a tres de sus cómplices se les dictaron 3 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección de San Pedro de Macorís, que el MP pide que sea mantenida.

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