Varios empresarios, abogados y supuestos herederos que pretenden apropiarse ilegalmente de más de un millón de metros cuadrados en La Barranquita, de Santiago, serán sometidos a la justicia en los próximos días, informó ayer el procurador general Francisco Domínguez Brito.

Dijo que tras concluir una investigación sobre la denuncia hecha por el ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, se determinó que los ocupantes de esos terrenos, similar al caso de Bahía de Las Aguilas, se valieron de una serie de subterfugios para obtener documentos de propiedad falsos.

Domínguez Brito habló conjuntamente con Fernández Mirabal, quien lo visitó para indagar sobre el curso de la denuncia que hizo en septiembre del año 2013, y para solicitarle al procurador acelerar el proceso contra los invasores de ese patrimonio del Estado.

Identifica a algunos. El ministro de Deportes identificó entre los que serían sometidos a la justicia, a la empresa Corfisa, y a los abogados Luciano Martínez Domínguez, Polanco Frías, Salcedo Inoa, “y otras personalidades”.

Acusó al grupo de constituirse en “asociación de malhechores” para bajo una serie de mecanismos ilegales, “falsificar firmas y otros documentos de diferentes personas y empresas” con la intención de apropiarse de 1,024,000 metros cuadrados de La Barranquita.

Dijo que ningún momento mejor que este cuando se cumplen 30 años de la celebración de los Juegos Deportivos Centroamericanos en La Barranquita, para reafirmar su compromiso de defender los intereses y patrimonio del Estado.
No lo permitirá. El procurador Domínguez Brito reveló que en el grupo a ser sometido hay más de tres empresarios, pero no los identificó.

“La acusación pretende no solamente la sanción, sino también proteger ese patrimonio de la colectividad, ya que esos terrenos fueron pagados por el Estado con fondos de los contribuyente, y no es posible que particulares, alegando maniobras y subterfugios jurídicos, pretendan apoderarse del mismo”, dijo.

Refirió que a raíz de la denuncia hecha por Fernández Mirabal el Ministerio Público inició una investigación, que contó con la colaboración y aporte no solamente del Ministerio de Deportes, sino también de otras instituciones públicas que asumieron su responsabilidad en el caso.

“Este no es el caso de Bahía de Las Aguilas, pero son procedimientos parecidos; actuaremos para que nadie, absolutamente nadie se quede con lo que es patrimonio del Estado”, sostuvo Domínguez Brito.