El Ministerio Público sostuvo este viernes que debe mantenerse la prisión preventiva al ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, uno de los principales imputados por corrupción administrativa en la Operación Calamar, al precisar que no han variado los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida de coerción.

La fiscal Rosa Alba García, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que, en la próxima audiencia, fijada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para el próximo martes 7 de noviembre, demostrarán por qué debe mantenerse la prisión preventiva al imputado.

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“Para la audiencia del martes que viene nosotros vamos a plantear por qué todavía están dadas las condiciones que dieron lugar a la misma, pero ya eso se va a discutir el próximo martes 7, y el juez ponderará”, enfatizó, en respuesta a preguntas de periodistas de la fuente judicial que la entrevistaron a la salida del tribunal.

Sobre el aplazamiento de la audiencia, dispuesto por la jueza Ana Lee Florimón, dijo que se produjo para garantizar el debido proceso y que el Ministerio Público siempre está listo para conocer las audiencias.

“El Ministerio Público, como siempre, viene listo a conocer las audiencias, indistintamente, la naturaleza de estas. El aplazamiento con relación a la solicitud de revisión de la medida de coerción se debe a un tema de debido proceso”, detalló.

En ese sentido, explicó que una de las partes querellantes fue citada en el día de ayer y que no se había cumplido con el plazo legal que establece la norma, que debe de dársele a cada parte.

“Por esa razón, el tribunal aplazó la audiencia para el próximo martes 7, a las 11:00 de la mañana, no por cuestiones del Ministerio Público, sino, por cuestiones del debido proceso que debe tutelársele a todas las partes envueltas”, dijo la fiscal litigante de la Pepca.

El titular de la Pepca, Wilson Camacho, encabezó el equipo que representó al Ministerio Público durante la audiencia, el cual además de la fiscal Rosa Alba García, estuvo integrado por los también fiscales Arolin Lemos y Elvira Rodríguez.

El proceso por corrupción administrativa también se sigue en contra del ex ministro de Hacienda (2016-2020), Ángel Donald Guerrero Ortiz,  a quien el Ministerio Público le imputa encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.

En el proceso se ha establecido que, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, los imputados diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.

En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.