La Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional solicitaron ayer al Tribunal Constitucional (TC) declarar inadmisible tres acciones de inconstitucionalidad interpuestas por tres organizaciones de la sociedad civil contra varios artículos del Código Penal que versan sobre el aborto, y sobre las cuales la alta corte se reservó el fallo.

Esas organizaciones son las fundaciones Justicia y Transparencia (FJT), Transparencia y Democracia (FTD), las que abogan por la modificación de los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley 550-14; y la Fundación Matrimonio Feliz, de la Iglesia Católica, que objeta el artículo 110 y la expresión del artículo 107 que reza: “salvo lo dispuesto en el artículo 110”.

La Procuraduría General, representada por el procurador adjunto Ricardo José Taveras, solicitó que dichas acciones sean declaradas inadmisibles por ser estas “extemporáneas”, ya que la ley atacada no entrará en vigencia hasta un año después de promulgada.