La Procuraduría General  de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas solicitaron a la Suprema Corte de Justicia  que abra una investigación exhaustiva en torno a la decisión del juez interino del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franny Manuel González Castillo, que  varió   la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica   a Jimmy Oliver Rodríguez Ortiz, apresado  el 15 de septiembre  con 50 kilos de cocaína en un vehículo con un compartimiento secreto.

“Estas decisiones desafortunadas no están a la altura de la rigurosidad que los casos de narcotráfico ameritan”, consignan.

Indican que no es la primera vez que González toma una decisión  como esa y citan que el 8 de agosto de 2008  otorgó una fianza a dos imputados de narcotráfico a los que se le ocuparon ocho kilos de cocaína.

Consideran que  el daño que el crimen ocasiona a la sociedad  debe ser  enfrentado de manera enérgica por todas las autoridades responsables, incluyendo los jueces, quienes tienen la responsabilidad final de aplicar justicia.

Entienden que si bien es cierto que los jueces son independientes, no es menos cierto que deben actuar apegados a la ley.