El Movimiento Popular Dominicano (MPD) denunció recientemente que la Barrick Gold ha violado el contrato original, que de por sí era lesivo para los intereses del país, así como muchas leyes dominicanas y se ha erigido como un Estado dentro del territorio dominicano.

El vocero del MPD, Fernando Hernández expresó que la Barrick Gold se ha colocado por encima de las autoridades nacionales y municipales, que “se han postrado de forma vergonzante vendiendo su alma”.

 “Esta transnacional además de tener a su servicio contingentes de policías y guardias que paga el pueblo dominicano, posee su propio ejército para controlar el territorio, es por esto que decimos que la empresa transnacional funciona en la región como un Estado aparte”, sostuvo Hernández.

Asimismo, afirmó que la Barrick ha extendido su dominio, sobrepasando la concesión hacia toda la región donde las exploraciones mineras han determinado que hay grandes reservas de oro “este pulpo infernal ha extendido sus tentáculos a toda la zona de El Llagal con una extensión de más de 25 mil tareas, donde desalojó compulsivamente a 500 familias que residían en El Naranjito, Fátima, Pedroso y Los Cacaos”, manifestó Hernández.

 “Tanto la minera, como las autoridades llaman a ese desalojo ‘reasentamiento’ y ‘reubicación’, alegando  que les pagaron sus tierras a los desplazados, sin embargo, la realidad es que esas personas fueron obligadas a vender sus tierras a precios irrisorios, bajo el chantaje de que ‘comoquiera van ser sacadas’, pues se trata de una inversión de interés para el gobierno”, sostuvo Hernández.

Declaró que en El Llagal no sólo se cometió el crimen de desalojar las familias que residían allí, sino que se ha producido una terrible devastación, afectando las fuentes de agua importantes de la región, como son los ríos  Maguaca, El Llagal y el Naranjito, así como numerosos arroyos y cañadas.

Hernández dijo que “no hay otro camino que no sea la lucha” y que “el pueblo no tiene más dolientes que el pueblo mismo”, por tal motivo  llamó a enfrentar a “la Barrick y a los lacayos enemigos del pueblo” e “impedir por los medios necesarios” que se imponga el saqueo y el crimen.

Acusan al síndico. En ese sentido, Hernández acusa al síndico de Cotuí, Rafael Molina Lluberes, de recibir millones de pesos los cuales utiliza para su beneficio personal “a cambio de su silencio y su anuencia frente al saqueo, la explotación y la contaminación ambiental del agua y de los suelos”.