El Ministerio de Salud Pública canceló de su personal a tres empleadas de la Dirección de Recursos Humanos por violar los numerales 4 y 7 del artículo 84 de la Ley 41-08 de Función Pública tras recibir denuncias de ciudadanos de que habrían entregado dinero a cambio de conseguir empleos o cambio de designaciones en funciones.
La información está contenida en una nota de la institución en la cual se explica que el expediente que compromete las conductas de las canceladas ha sido depositado en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para los fines de investigación y decisión correspondientes.
Se trata de Guadalupe Sosa, quien hasta entonces se desempeñaba como secretaria de Recursos Humanos; la recepcionista Rosa Elena Soto y la secretaria Yadira Abreu, quien laboraba en el mismo espacio que lo hacía Sosa.

Investigaciones preliminares realizadas por el ministerio determinaron que al menos 42 personas depositaron entre 15 mil y 20 mil pesos a cuentas prestadas por Soto y Abreu a Guadalupe Sosa como avances por los empleos y cambios de designaciones que prometía ejecutar desde su posición, lo cual viola la citada legislación.

“Es política del Ministerio de Salud, suspender, desvincular y someter a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa a todo empleado ante la simple sospecha, que sea denunciado o asociado a prácticas que puedan ser consideradas corruptas, prevaliéndose del desempeño de la función pública”, explica el organismo estatal.
La institución tiene la disposición de no tolerar actos de corrupción, por lo que decidió la cancelación de las empleadas y enviar sus expedientes a la procuraduría.
El hecho era investigado desde hacía un tiempo, luego de que personas afectadas lo denunciaran ante el ministerio.

Dijo que durante la investigación una comisión designada a tales fines entrevistó a empleados del área de Recursos Humanos del nivel central, ejecutivos y personal de los servicios en varias regiones de salud, así como a personas residentes en Barahona, provincia donde decenas de ciudadanos perjudicados con la práctica ilegal denunciaron la acción irregular, tras ver que se retrasaban las gestiones.