Más de 1,700 farmacias y boticas populares operan en forma ilegal

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POR SOILA PANIAGUA
El presidente de la Asociación de Dueños de Farmacias denunció que en el país no hay regulación  para establecer esos negocios, por lo cual han surgido más de 1,700 ilegales, en violación al decreto emitido por el Poder Ejecutivo en junio del presente año.

Tony Rodríguez también dijo que  esa situación ha provocado una reducción por el orden del 40% en la venta de las 3,000 farmacias legalmente establecidas.

“Estamos realmente preocupados, porque quieren instalar farmacias dondequiera para que haya un desorden total y que más de 3,000 farmacias que tienen  hasta 20 años operando y que cuentan con el apoyo de sus clientes, cierren”, explicó.

Dijo que han denunciado la situación ante el departamento de Drogas y Farmacias de Salud Pública, pero que lo que se ha dicho es que ese organismo es insuficiente y no tiene capacidad para cerrar los establecimientos que venden medicamentos ilegalmente.

Sostuvo que la situación es tal que muchos medicamentos se están vendiendo en forma  indiscriminada en colmados, colmadones, clínicas, consultorios médicos y en las boticas médicas en manos de particulares.

Rodríguez dijo que estos últimos negocios ya son más de 1,700 en todo el país y que operan sólo con un permiso del ayuntamiento, violando la ley 42-01 que regula las farmacias y el reglamento 2-06 promulgado en junio pasado.

 Especificó que esas legislaciones establecen que el único organismo autorizado por la ley para vender  medicamentos son las farmacias legalmente establecidas.

Las opiniones de Rodríguez     fueron apoyadas por Iván de Jesús García, presidente de la Cámara Dominicana de Empresarios Comerciales y de la Federación Dominicana de Comerciantes, quien resaltó la importancia de que el mercado farmacéutico sea  bien regulado y que no se arrabalice.

“Esto ha aumentando la inseguridad que debe y puede tener la población al comprar un medicamento”, dijo, tras indicar que no sabe por qué   no se quiere regular en forma adecuada la instalación de farmacias.

Cree que hay intereses oscuros que buscan reducir la distancia entre farmacias.

 “Ahora mismo las ARS (Administradoras de Riesgos de Salud) que son las que  proveen el servicio de los seguros médicos a las  farmacias, están siendo excluyentes y están obedeciendo a intereses muy  exclusivos de sectores a los que están ligadas financieramente y que quieren quedarse con el negocio de las farmacias y de los medicamentos”, sostuvo.

Añadió que actualmente las farmacias que no están agrupadas en una de las tres cadenas no tienen acceso de ofrecer el servicio de seguro médico a los clientes.

 “Eso es una práctica monopólica. Creemos que hay una intención oculta de sectores muy poderosos económicamente que quieren quebrar  todas las farmacias del país”, enfatizó.

Manifestó que, inclusive, hay legisladores que están tratando de achicar la distancia entre una farmacia y otra sin que sea necesario, pues el consumidor está bien abastecido con las existentes.

En el país, dijo, hay un mayor número de farmacias per cápita que en cualquier otra nación y citó el caso de  Europa donde existe un servicio de salud eficiente,  pero por cada  10,000 ó 12,000 habitantes se instala una farmacia, pero que aquí es de menos de 1,500 habitantes.

 Opinó que las boticas populares sólo deben estar en los hospitales públicos,  donde acuden personas de escasos recursos económicos y  en  las oficinas públicas, pero no en lugares donde puedan hacer competencia a las farmacias legalmente instaladas. Según la Ley, las farmacias deben estar instaladas a una distancia de por lo menos  500 metros una de la otra,  regulación que prácticamente no se cumple en el país, comentó Rodríguez.

Citó el caso de las farmacias que se instalan en las plazas comerciales en forma irregular y especificó que la instalación de una farmacia requiere que se cumpla con una serie de requisitos, inclusive, que cuente con un farmacéutico.

 Dijo que muchos de esos negocios arrabalizan el sector farmacéutico,  no pagan impuestos  y abogó porque el Congreso legisle para que se ponga orden en el sector.