LUIS SCHEKER ORTIZ
Los tiempos modernos demandan un nuevo Estado, con una nueva estructura y una nueva orientación: Creativo, participativo, propulsor, competitivo y eficiente, más cercano al constitucionalismo social y a sus compromisos nacionales, inspirado en las corrientes ideológicas que procuran una mayor protección y defensa de sus intereses y de sus ciudadanos, frente a la voracidad desestabilizadora de un neo liberalismo deshumanizante y de las fuerzas del mercado imperial, globalizante, que amenaza engullirlo.

La reforma constitucional, cualquiera que sea, no es una panacea. Es solo un renacer, un impulso para enrumbar el camino a lo mejor. No hay por tanto que esperar la ruptura violenta del sistema. Su discontinuidad abrupta. La llegada de una Revolución improbable, tipo Castro; o una más posible, tipo Chávez. Basta observar la profunda crisis institucional y moral que padecemos. La disfuncionalidad de los poderes del Estado, el desorden administrativo que da paso al desorden general y a la violencia social. El irrespeto a la ley, la impunidad y la corrupción que nos carcome. La facturación como “Estado fallido”, por incómoda que sea, nos obliga a revisarnos íntegramente, medularmente, para superar este estado de cosas, la ineptitud del Estado y adecuar sus estructuras y sistema de gobierno, en procura del bienestar general de la nación.

Ante ese hecho incontrastable, la consulta popular ha devenido como salvación, para consuelo de los creyentes. Ingeniar un modelo reformista mediante “consultas populares”, inducido, no vinculante, planteado como sustituto de una Asamblea Constituyente, es distorsionante porque enajena las funciones de cada órgano. No está del todo mal viéndolo como ejercicio de aprendizaje del que todos algo podemos aprender. Pero dejar a la Asamblea Revisora como árbitro para que decida cuál tipo de reforma, y cuál mecanismo estaría dispuesta a favorecer llegado el momento, sin enmendar previamente los artículos que le dan al legislador plenos poderes, crea fundamentados temores. Por lógica simple, avalada por repetidos sucesos históricos, ha de deducirse que sólo las reformas que no lastimen sus intereses mediáticos o disminuyan sus poderes serán las favorecidas con la anuencia del líder del partido político gobernante, y su capacidad negociadora.

Las consultas populares defendida por el señor Presidente y avalada públicamente por el Coordinador y miembros la Comisión Especial designada por Decreto No 326-06, no garantizan nada, puesto que no son vinculantes. El propio señor Presidente advirtió sus temores. Distinto sería si el Poder del Constituyente, previa reforma de los Artículos 117, 118 , una vez elegido e integrado por los diversos sectores de la sociedad, conjuntamente con representantes de los partidos políticos, mayoritarios y minoritarios, tuviera, como le corresponde, el poder de soberano de decisión, sancionado, mediante referéndum por el pueblo.

El gesto del Presidente de la República y el esfuerzo realizado para darle participación al pueblo en el proceso de reforma pasaría a la historia, si la voluntad popular, ya expresada en forma mayoritaria a favor de la Constituyente, es respetada y no burlada. Si no se manipulan los resultados de las encuestas y las propuestas de las instituciones participantes.

Por Decreto No. 410-2001 del Presidente Mejía se designó una nutrida comisión de expertos, de representantes de organismos oficiales, de partidos políticos, de múltiples y diversas ONG, de instituciones de la sociedad civil y personalidades independientes, coordinada por el mismo monseñor Agripino Collado para estudiar y decidir la mejor forma de hacer la Reforma Constitucional, proponer enmiendas y sugerir cambios que se estimaran pertinentes. El primer magistrado de la Nación, por ese hecho, no pasó a la Historia. El Congreso Nacional, dominado por el PPH, hizo lo que se suponía que hiciera: Lo que quería el mandatario del Palacio y sus adeptos incondicionales: Dejó a un lado el Informe que no le convenía y la reforma parió un ratón: introdujo la reelección presidencial que hundiría sus aspiraciones y colocaría al país al borde del colapso total.

Sin comparaciones absurdas, les dejo como ejercicio la imposición del Metro. En contra del rechazo general y la recomendación del Consejo Económico Social e Institucional (CESI) organismo asesor del Poder Ejecutivo creado por iniciativa del presidente Fernández y también coordinado por Agripino, que consideró que de todas las opciones para aliviar el problema del transporte de la capital, la del Metro por su elevado costo y su incierta eficacia, era la menos recomendable.

Conclusión: Bueno para las reformas menores, según acertadamente apunta el doctor Ray Guevara en una tesis casi olvidada, la Asamblea Revisora, poder constituido, no es apta para las grandes transformaciones del Estado. El Poder Constituyente sí lo es por su conformación y naturaleza porque, distinto al Congreso,”sólo actúa cuando es necesario dictar una Constitución o reformarla, y cesa cuando ha llenado su cometido”, señala Sánchez Viamonte. “La Asamblea Constituyente no se forma como las cámaras legislativas, con elementos partidarios que proceden de bandos en pugna”. “Las cámaras colegisladores suelen ser, y a menudo lo son, oportunistas, volubles…Pero ese no es, ni ha sido ni debe ser el carácter distintivo de la Asamblea Constituyente” nos ilustra el emérito doctor Francisco Henríquez y Carvajal que ejerció la primera magistratura de la Nación en tiempos difíciles.

Si se trata, según afirma el Presidente de la República del inicio de una verdadera revolución Democrática Institucional, ¿porqué se le regatea ese derecho a la Constituyente? ¿Por qué se le anula de antemano? Solo la Asamblea Constituyente conformada con sentimiento de reforma en sentido progresivo, nunca reaccionario, jamás retrogrado, es el único mecanismo confiable, eficiente y viable que puede conducir a un nuevo Estado de Derecho, a una reingeniería estatal y social que logre hacer de nuestra nación una sociedad más justa, más participativa, más humana, solidaria y honesta, donde el progreso y el bienestar de todos sea meta y no mera especulación.