BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
Al doctor Rafael Molina Morillo se le ha encomendado una tarea bien pesada: contribuir a crear o modificar una ley de prensa. Se trata de asuntos tan importantes como la libertad de expresión y las cortapisas que siempre quieren ejercer autoridades y grupos de presión para que los pueblos no digan ni sepan toda la verdad.

Esas regulaciones se relacionan con dificultades y exclusiones que impiden que el pueblo conozca lo que ocurre en su propia sociedad, para beneficio de quienes lo confunden y desinforman. Es una forma de tener la sartén por el mango.

Sostengo que no es necesaria ninguna ley especial que regule la libre expresión, ya que hay disposiciones muy claras que tipifican los delitos de difamación e injuria. Además, el derecho a la justa fama es una salvaguarda para quienes actúan conforme a las leyes, la moral y las buenas costumbres.

Me opongo a cualquier tipo de regulación del ejercicio popular a la libre expresión del pensamiento, a que el pueblo haga todo tipo de acusación que pueda probar, siempre que el asunto de que se trate haga daño a la sociedad.

Algunas de las sabias disposiciones de la Constitución de Estados Unidos están contenidas en la primera enmienda cuyo texto se lee así:

“El Congreso no hará ley alguna que coarte la libertad de palabra o de imprenta”. El texto completo de la enmienda se lee así: “El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”.

Tal enmienda se corresponde con esta frase del autor de la Declaración de Independencia de Estado Unidos, Thomas Jefferson: “Nuestra libertad depende de la libertad de prensa, y esta no se puede limitar sin el riesgo de perderla” dijo en 1786.

En los Estados Unidos hay jurisprudencia constante a favor de que se publique sin cortapisas toda información que beneficie a la opinión pública.

Mediante decisión de 1988 el Tribunal Supremo decidió que la prensa tiene el derecho de burlarse de los personajes públicos, aun cuando esas burlas sean “ultrajantes” e incluso si causan angustia emocional.

Esa línea de pensamiento permite a un importante periódico norteamericano decir que se debe publicar todo lo que el pueblo debe saber.

El colocar mordazas a la prensa no importa las motivaciones, es sumamente peligroso para la democracia.

Del mismo modo que no hay democracia sin partidos políticos independientes y contestatarios del poder, no se puede hablar de democracia donde la libertad está condicionada.

La ley 6132 sólo ha servido para que los dueños de medios argumenten que no puede publicar tal o cual asunto de interés público por las limitaciones que contiene.

Hay que evitar que una modificación a esa ley contribuya a estrechar el espacio de libertad de expresión en el país.

El doctor Molina Morillo debe decir en qué consisten las nuevas regulaciones a la emisión y publicación del pensamiento y las informaciones de interés nacional y popular. Ello, porque el público siempre debe tener acceso a la verdad, de cualquier manera. Sin cortapisas ni regulaciones que no sean las establecidas por las leyes que regulan la difamación y la injuria, el derecho a la justa fama y la privacidad de las personas.