Aparte del pesar por las once muertes, el accidente del autobús que el viernes fue a parar al mar Caribe nos deja preguntas sin respuesta. Sorprende que no se investigara mediante autopsia la causa de la muerte del chofer Roberto Familia, y más sorprende que se obviara este examen porque, según Patología Forense, se violaron procedimientos en el levantamiento de los cadáveres. Nos quedamos sin saber si el chofer murió por “un paro”, como han dicho sobrevivientes,  o si fue por otra  causa.

Pero esa no es la única incógnita de la ecuación. La Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) descartó que el accidente obedeciera a fallas mecánicas del vehículo, como también conjeturaron algunos. De ahí que la pérdida del control y su precipitación al mar obedeciera, entonces, a una falla humana. Eso más que justificaba investigar si el chofer murió mientras conducía y no por traumatismos o asfixia al caer la “voladora” al mar.

Y la responsabilidad civil para los fines de rigor es una cuestión pendiente  también. De nuevo, la necesidad de la autopsia se pone de manifiesto en este suceso lamentable. Es dudoso que una violación de procedimientos en el levantamiento de los cadáveres pudiera impedir conocer la causa de la muerte de este chofer que se llevó consigo otras once vidas.

Un regateo desafortunado

La Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor) reclama para sí una autoridad que no ha estado  ejerciendo. No recordamos que haya clausurado alguna planta de expendio de gas licuado de petróleo por estafar a los clientes. Y menos que haya mandado a “trancar” a autores de este delito. En cambio, se ha limitado a reaccionar porque el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor ha ejercido la función que le compete.

El hecho es que era tiempo ya de que alguien, sea Digenor o sea Pro-Consumidor, metiera en cintura a quienes estafan a amas de casa y choferes al despacharles menos gas que el que pagan. Los abusos contra el consumidor hay que terminarlos y eso ha empezado a hacer Pro-Consumidor, en una gestión que ha ganado el aplauso público y que debe abarcar toda relación comerciante-consumidor. Regatear una autoridad que no se ha estado ejerciendo es un recurso desafortunado.