En el año 2024 que llega de inmediato, podría agotarse por completo la capacidad de país de postergar -para 14 años más de déficits fiscales- la adecuación del sistema tributario a grados de equidad y suficiencias sin riesgos para la marcha satisfactoria de la economía con potencial de daños sociales y hasta políticos.
Con un endeudamiento público llevado a una exageración que lo hace imprescindible para la mayoría de las acciones del Estado, de ahora en adelante no se debería seguir quebrantando la lógica de gastar más, mucho más, de lo que se captaría de los contribuyentes con efectivos esfuerzos para que aporten en función de sus niveles de utilidades y haciendo del Fiscal una fortaleza inexpugnable a la evasión y al fraude de las declaraciones de ingresos que se hacen notar como generalizadas por tradición e infuncionalidades.
El miedo a poderes fácticos o a perder respaldo ciudadano tienen al país en el callejón sin salida de una presión tributaria que no permite redistribuir riquezas existiendo derecho a obtener una participación proporcional de los lucros logrados por personas físicas y jurídicas. La estabilidad política debería estar garantizada con una función impositiva más amplia que reduzca la dependencia de impuestos al consumo abusivos a quienes menos tienen.
Además faltan normas ineludibles que eleven la calidad del gasto público, contundentemente cuestionada por su bajo nivel actual, evidente en las nóminas públicas que ha crecido sin hacer más eficientes sus desempeños.