En Colombia, aunque esta semana surgió una luz de esperanza que permite vislumbrar el fin de medio siglo de conflagración interna, el proceso de paz también suscita dudas y escepticismo. «Hay un cuestionamiento de poner en el mismo costal a guerrilleros y militares», dijo Angelika Rettberg, experta en conflictos armados, paz y seguridad de la Universidad de los Andes.

La derecha radical es la más virulenta, con el argumento de que «los militares retirados, que han luchado todos estos años, se sienten traicionados», señaló. El expresidente conservador Álvaro Uribe criticó el acuerdo de justicia transicional sellado el miércoles entre su sucesor, Juan Manuel Santos, y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas). «Nada se habla de exigirle a las FARC», denunció en un comunicado, en el que subrayó que «los militares no tienen un tratamiento digno como corresponde a las fuerzas de la democracia», sino que «se les pone en igualdad de condiciones con las FARC, se les somete al mismo mecanismo espurio de justicia». El pacto de justicia prevé una «jurisdicción especial» para los actores del conflicto armado, sean guerrilleros, militares o exparamilitares.