GUATEMALA (AFP).- La muerte de 15 personas el pasado lunes en dos centros penitenciarios de Guatemala en enfrentamientos separados entre pandillas conocidas como «maras», encendió las alarmas entre grupos de derechos humanos que reclaman una respuesta para detener la violencia.

«En todas la organizaciones de derechos humanos existe una preocupación porque es lamentable que las autoridades no tomen ningún tipo de precaución para evitar este tipo de asesinatos», dijo a la AFP el vocero del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Miguel Angel Albizures.

Según la policía, miembros de la Mara Salvatrucha (MS) ingresaron al correccional Etapa Uno y Dos, ubicado a 35 km al este de la capital, con armas de fuego y atacaron sin piedad a sus rivales de la Mara-18 (M-18), dejando 12 muertos y 8 heridos de bala, de acuerdo a un último balance revisado a la baja que anteriormenete había mencionado 14 muertos.

Ese mismo lunes, otro enfrentamiento dejó tres muertos cuando miembros de la MS atacaron a sus rivales de la M18 en la prisión de Puerto Barrios, 295 km al noreste de la capital.

Las violentas ‘maras’ que operan en Guatemala, así como en el resto de la región, México y Estados Unidos, protagonizaron el lunes el noveno ataque desde el primer enfrentamiento el pasado 15 de agosto.

Las riñas entre estos grupos antagónicos han dejado hasta el momento un saldo total de 51 muertos.

Para Albizures, lo más grave es que las agrupaciones humanitarias consideran que las propias autoridades de Gobernación (Interior) podrían estar involucradas en los enfrentamientos violentos.

«Nos parece que es una estrategia (de Gobernación) de provocar los enfrentamientos. Fueron ellos quienes hablaron de una revancha entre las maras y nunca hicieron algo para prevenir estos acontecimientos», agregó, en alusión al pasado 15 de agosto cuando riñas en seis cárceles dejaron 35 muertos.

Entre tanto, el director del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, hizo un llamado a las autoridades para aprobar una reforma a la ley del sistema penitenciario.

De acuerdo con el activista, en las prisiones no existen controles, los internos, pese a estar prohibido, ingresan armas, drogas, teléfonos celulares y objetos punzo cortantes debido a la corrupción de la policía penitenciaria.

El propio ministro del Interior, Carlos Vilemann, reconoce las deficiencias, por lo que trabajan en un programa de reestructuración del sistema penitenciario.

El ministro reconoce que la corrupción en el sistema penitenciario permite que los reos también puedan «ingresar (a las prisiones) teléfonos celulares, televisores y hasta computadoras portátiles».

El pasado 24 de agosto, una organización especializada en temas judiciales solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas provisionales de protección a pandilleros en prisión, luego de los violentos enfrentamientos en las prisiones.

La solicitud se planteó ante la CIDH, con sede en Washington, porque existen indicios de que el Estado pone en riesgo la integridad de los pandilleros que se encuentran en prisión y porque el ingreso de las armas de fuego podrían tener el aval de guardias penitenciarios.

En el 2003, la CIDH ordenó al Estado guatemalteco que tomara medidas a favor de la integridad de los pandilleros, debido a las condiciones denigrantes y de hacinamiento en que se encontraban en prisión.