La muerte por un tiro de fusil en la frente del coronel PN Julián Suárez Cordero, en el campus de la UASD ocurrida el 23 de este mes, presenta dos importantes lecturas.

La primera es que las autoridades de la UASD, la rectoría, deja mucho que desear al no instituir un sistema de seguridad que monitoreé el ingreso al campus, con detectores de metales, conforme se estilan en tiendas, bancos, aeropuertos y fábricas.

A los centros docentes no se llevan armas porque con éstas no se aprende, que es lo que motiva a un estudiante acudir a un centro de educación, y en la UASD hay tres puertas de ingreso, que no es tarea imposible controlar, y no se ha dispuesto la providencia de seguridad.

La segunda involucra la desidia culposa de los legisladores que han demorado un tiempo pecaminoso en no modificar la obsoleta Ley 36-66 sobre Tenencia y Porte de Armas de Fuego, de manera que estrictamente se prohíba el porte y solo se permita la tenencia en la casa, comercio, industria o finca.

Que absolutamente nadie tenga la facultad de portar un arma de fuego, solo policías, militares, guardianes privados o del Estado y alcaldes pedáneos; ni legisladores, ni políticos, ni formularios 25 de la PN y FFAA, ni permisos especiales del Presidente de la República, que los otorgan; ignoro si el actual los concede.

El coronel Suárez Cordero era conforme las referencias post-morten, un oficial correcto, un caballero, un apaciguador de las reyertas estudiantiles, un defensor de los estudiantes a los que trataba como a sus hijos, de manera que además de un crimen repudiable, también se trató, en gran manera, de un parricidio.

Paz a los restos de un oficial policial ejemplar.