POR UBALDO GUZMAN MOLINA
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, consideró una violación a los derechos humanos las muertes de civiles a manos de agentes de la Policía Nacional.

Consideró también una violación a los derechos humanos y la Constitución el arresto irregular de cualquier persona sin orden expresa de autoridad competente.

«¿Quién me determina a mí que usted es culpable? ¿Quién me determina a mí que usted es un delincuente? La Constitución dice que hasta que se condena de manera irrevocable a una persona no hay posibilidad de hablar de delincuencia», expresó.

Subero Isa dijo que la política es el motor de la vida «social, política y económica de la República Dominicana».

Dijo que es suficiente caer preso dos o tres horas para ver que es tan importante tener a su mano los recursos legales para obtener la libertad.

Indicó que muchas veces el Estado, a través de los tribunales, «no dotamos al ciudadano de esa garantía».

Expresó que la Suprema Corte de Justicia estudia la posibilidad de crear una Sala Constitucional, para manejar los recursos de amparo y otras figuras.

Indicó que el país no debe tener una ley de habeas corpus de 1912, y que la República Dominicana es el único país de América que no tiene ley sobre recurso de amparo.

Señaló que donde se mueve el gran dinero es en el área civil y comercial, donde no hay escándalo, mientras los problemas son en el área penal.

Expresó que la Suprema Corte de Justicia ha dictado varias sentencias de extradición y, a pesar de que la Suprema no se ha establecido un criterio claro de que dependa del Poder Judicial, «sí hemos dicho que la culpabilidad no depende de nosotros».

Señaló que la Suprema ha reconocido la facultad que tiene el procurador general de la República de proceder a la aprehensión provisional, que es de 60 días en el caso de un extraditable, dijo.

Consideró que eso variará a partir de septiembre cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, porque pone a cargo del Poder Judicial determinar si procede o no la extradición de una persona.

Señaló que los jueces no regularizan prisión y por eso se han producido casos de no ha lugar y de hábeas corpus, «porque no hay posibilidad de regularizar una prisión irregular».

Y agregó: «Eso es un perfecto desatino jurídico. La prisión que es irregular nació irregular y se mantiene irregular. La persona que es privada de su libertad sin los procedimientos establecidos por la ley es una prisión irregular».

Expresó que a partir de las medidas anticipadas de la Suprema para la aplicación del Código Procesal Penal no hay ninguna posibilidad. Laura Hernández, que dirige el Departamento de Defensa Judicial, tiene a los jueces en jaque con los recursos  de inconstitucionalidad, dijo.

Explicó que la construcción del Palacio de la Suprema Corte de Justicia ha dependido de la secretaría de Obras Públicas y él fue consultado cuando el arquitecto tenía diseñada la distribución interna y le hizo los cambios necesarios.

Señaló que desconoce la situación del edificio y que no será recibido en las condiciones actuales, porque no puede correr el riesgo de Puerto Plata, donde se inauguró un edificio sin estrados y mobiliario.

«Nosotros no recibiríamos el nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia en las condiciones en que se encuentra», sostuvo Subero Isa.

Explicó que la única información que dispone es de dos años atrás, cuando el presidente Mejía le envió copia de una comunicación que le remitía al Banco de Reservas, en que autoriza a que le otorgara un crédito de RD$80 millones a la cartera de Obras Públicas para terminar el edificio.

Y agregó: «No sé qué pasó, pero el edificio está deteriorándose de una manea progresiva», dijo Subero Isa.

Por otra parte, Subero Isa dijo que la persecución penal, conforme al Código Procesal Penal, está en manos del Ministerio Público.

Señaló que los jueces no saldrán a buscar pruebas, sino que valorarán las que aporte el Ministerio Público.

Dijo que no será un problema de los jueces si no hay buena fundamentación del Ministerio Público con la acusación que llevan a los tribunales.

Precisó que el juez inquisitivo desaparecerá a partir de septiembre, lo cual es un problema del Ministerio Público, para lo cual tiene que capacitarse.

Expresó que puede ocurrir el fenómeno que ocurrió en Panamá, donde el narcotráfico permeó al Ministerio Público, y una práctica para que hubiera muchos descargos era que los expedientes fueron poco fundamentados.